Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana..
Autoindulgencia colectiva
La evidencia demuestra claramente que la corrupción está distribuida de manera más democrática que los valores éticos. El uso de los carnés de discapacidad, que en un principio parecía privativo de la mafia que se enriqueció con el tráfico de medicinas, ahora aparece como una conducta difundida en los más diversos niveles sociales. Pero no es la única modalidad corrupta que se halla ampliamente diseminada. Prácticamente todas las que van saliendo a la luz en el día a día han permeado todos los poros de la sociedad. Su rápida difusión se debe a nuestra permisividad. La nuestra, la de nosotros como integrantes de esta sociedad.
Aunque la negativa a aceptar los propios errores siempre es una irresponsabilidad, puede ser comprensible cuando una persona pasa por situaciones complejas. Por sanidad mental o para evitar consecuencias más graves, como individuos tendemos a reafirmarnos en decisiones que produjeron resultados negativos o, en el mejor de los casos, buscamos explicaciones que minimicen esos efectos. Nos justificamos diciendo que era la mejor opción o que no teníamos alternativa. Pero cuando esa negativa a aceptar los errores es colectiva deja de ser justificativa, se vuelve perniciosa y resulta demoledora para las sociedades. Los errores de una sociedad los pagan todos sus integrantes, no pueden ser enmendados con la facilidad que se hace en el plano individual y las soluciones, cuando llegan, toman tiempos muy largos.
Precisamente, el carácter demoledor de esa actitud, que podría denominarse autoindulgencia colectiva, se encuentra en la posición que tomamos frente a cada nuevo acto de corrupción. A pesar de que, desde hace varios años, no pasa un solo día sin que se difunda un nuevo caso, queremos convencernos de que son acciones irregulares de grupos específicos. Con ello, implícitamente negamos la dimensión social del problema. Si no aceptamos que la corrupción ha invadido a toda la sociedad, conseguimos ponernos al margen y cerramos la puerta a la posibilidad de formar parte de la solución. Refugiados en la autoexclusión (con la muletilla del “yo no soy así”) y clamando por soluciones como el endurecimiento de las penas, estaremos condenados a integrarnos –aunque no tengamos conciencia de ello– en el grupo de zombis que van a votar por el primer charlatán que ofrezca mano dura.
Es fácil señalar a políticos y a personajes públicos, porque están en el centro de la escena. Podemos sentirnos lejanos a ellos porque los vemos como seres de otro mundo (a pesar de que a algunos los hemos llevado a ese mundo con nuestro voto). Pero si miramos la lista de quienes conformaban la mafia de los hospitales o de quienes aparecen ahora como discapacitados (que solucionan la sordera con un vehículo), comprobaremos que ahí hay de todo. Más grave aún, tendremos que aceptar que en ocasiones hemos interactuado con alguno de ellos. Y ese es precisamente el punto en que se convierte en un problema que no podemos dejar únicamente en manos de fiscales, policías y jueces. Nuestra responsabilidad social comienza por abandonar la autoindulgencia colectiva, aceptar la dimensión social del problema y condenar a esas personas a la cárcel invisible del aislamiento social de la que no puedan salir.
Autoindulgencia colectiva
La evidencia demuestra claramente que la corrupción está distribuida de manera más democrática que los valores éticos. El uso de los carnés de discapacidad, que en un principio parecía privativo de la mafia que se enriqueció con el tráfico de medicinas, ahora aparece como una conducta difundida en los más diversos niveles sociales. Pero no es la única modalidad corrupta que se halla ampliamente diseminada. Prácticamente todas las que van saliendo a la luz en el día a día han permeado todos los poros de la sociedad. Su rápida difusión se debe a nuestra permisividad. La nuestra, la de nosotros como integrantes de esta sociedad.
Aunque la negativa a aceptar los propios errores siempre es una irresponsabilidad, puede ser comprensible cuando una persona pasa por situaciones complejas. Por sanidad mental o para evitar consecuencias más graves, como individuos tendemos a reafirmarnos en decisiones que produjeron resultados negativos o, en el mejor de los casos, buscamos explicaciones que minimicen esos efectos. Nos justificamos diciendo que era la mejor opción o que no teníamos alternativa. Pero cuando esa negativa a aceptar los errores es colectiva deja de ser justificativa, se vuelve perniciosa y resulta demoledora para las sociedades. Los errores de una sociedad los pagan todos sus integrantes, no pueden ser enmendados con la facilidad que se hace en el plano individual y las soluciones, cuando llegan, toman tiempos muy largos.
Precisamente, el carácter demoledor de esa actitud, que podría denominarse autoindulgencia colectiva, se encuentra en la posición que tomamos frente a cada nuevo acto de corrupción. A pesar de que, desde hace varios años, no pasa un solo día sin que se difunda un nuevo caso, queremos convencernos de que son acciones irregulares de grupos específicos. Con ello, implícitamente negamos la dimensión social del problema. Si no aceptamos que la corrupción ha invadido a toda la sociedad, conseguimos ponernos al margen y cerramos la puerta a la posibilidad de formar parte de la solución. Refugiados en la autoexclusión (con la muletilla del “yo no soy así”) y clamando por soluciones como el endurecimiento de las penas, estaremos condenados a integrarnos –aunque no tengamos conciencia de ello– en el grupo de zombis que van a votar por el primer charlatán que ofrezca mano dura.
Es fácil señalar a políticos y a personajes públicos, porque están en el centro de la escena. Podemos sentirnos lejanos a ellos porque los vemos como seres de otro mundo (a pesar de que a algunos los hemos llevado a ese mundo con nuestro voto). Pero si miramos la lista de quienes conformaban la mafia de los hospitales o de quienes aparecen ahora como discapacitados (que solucionan la sordera con un vehículo), comprobaremos que ahí hay de todo. Más grave aún, tendremos que aceptar que en ocasiones hemos interactuado con alguno de ellos. Y ese es precisamente el punto en que se convierte en un problema que no podemos dejar únicamente en manos de fiscales, policías y jueces. Nuestra responsabilidad social comienza por abandonar la autoindulgencia colectiva, aceptar la dimensión social del problema y condenar a esas personas a la cárcel invisible del aislamiento social de la que no puedan salir.
... y el de la semana pasada
Virus (en plural)
La semana pasada se esparcieron unos cuantos virus.
Primero, el “si me dejan” de Rafael Correa sobre su candidatura vicepresidencial. Le cuesta entender que no va por ahí la cosa. Cualquier persona que lea la Constitución, si logra llegar a los artículos 146 y 149, después de soportar noventa páginas de declaraciones pueriles que masacran al idioma, comprenderá que la única función del vicepresidente de la República es reemplazar al presidente. Quien ocupe ese cargo estará ahí únicamente para ejercer como presidente cuando el titular del cargo se ausente temporal o definitivamente. Esa persona “cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la Presidenta o Presidente de la República” (artículo 149, mayúsculas en el original). Entonces, quien ocupó más de una vez la presidencia no puede postular a la vicepresidencia porque, si tuviera en algún momento que ejercer la única función que le confiere la Constitución, estaría inhabilitado para hacerlo. En otras palabras, no es porque no le dejen los malos que el modelo Cristina Kirchner no es aplicable en este caso, sino porque no le deja la mala Constitución.
Segundo, el virus de hipocresía que se echó sobre las bandas incrustadas en el sistema de salud. La de los sordos (pobres, todos padecían deficiencia auditiva) y la de los hijastros que se desempeñaban en un giro de negocio en que participaban entusiastamente autoridades locales, provinciales y nacionales. La muerte del prefecto de Guayas puso la nota dramática que necesitaba la hipocresía cristiana para recordarle como el futbolista que fue hace décadas y no como el sospechoso de tener vínculos por lo menos con una de las bandas. Con ese episodio, el virus de la hipocresía amenaza con contagiar a quienes tienen que investigar y sancionar a sordos, hijastros y autoridades. Puede extenderse porque hay una sociedad sensiblera que está dispuesta a olvidar el sucio presente inmediato a cambio de glorias pasadas.
Tercero, el autoritario que pone en riesgo las elecciones. El tirón de orejas del contralor a tres consejeros electorales que incumplieron procedimientos ha sido respondido por estos con amenaza de destitución. Argumentan que, estando en periodo electoral, pueden hacerlo con quien se ponga al frente. Doble error. Primero, llama la atención que no sepan que no hay proceso electoral en marcha, porque son precisamente ellos quienes deben convocarlo y no lo han hecho. Segundo, la interpretación autoritaria que utilizó el Tribunal Electoral para destituir a 57 diputados no tiene cabida en un ordenamiento que pretende ser democrático. Mejor harían en presentar los descargos que pide la Contraloría o, si no los tienen, salir sin mucho ruido.
Cuarto, el virus de la indecisión transmitido por Jaime Nebot al PSC. El suspenso en que mantuvo a sus compañeros ahora se transforma en una lucha interna que debilitará a quien obtenga la candidatura. Además, es un virus que está pensado para rebrotar bajo el próximo gobierno, cuando Nebot impulse su consulta y la gente la tome como un referéndum sobre él.
Quinto, el virus de la censura que, a menos que se demuestre lo contrario, parece haber rondado por Radio Visión.
Virus (en plural)
La semana pasada se esparcieron unos cuantos virus.
Primero, el “si me dejan” de Rafael Correa sobre su candidatura vicepresidencial. Le cuesta entender que no va por ahí la cosa. Cualquier persona que lea la Constitución, si logra llegar a los artículos 146 y 149, después de soportar noventa páginas de declaraciones pueriles que masacran al idioma, comprenderá que la única función del vicepresidente de la República es reemplazar al presidente. Quien ocupe ese cargo estará ahí únicamente para ejercer como presidente cuando el titular del cargo se ausente temporal o definitivamente. Esa persona “cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la Presidenta o Presidente de la República” (artículo 149, mayúsculas en el original). Entonces, quien ocupó más de una vez la presidencia no puede postular a la vicepresidencia porque, si tuviera en algún momento que ejercer la única función que le confiere la Constitución, estaría inhabilitado para hacerlo. En otras palabras, no es porque no le dejen los malos que el modelo Cristina Kirchner no es aplicable en este caso, sino porque no le deja la mala Constitución.
Segundo, el virus de hipocresía que se echó sobre las bandas incrustadas en el sistema de salud. La de los sordos (pobres, todos padecían deficiencia auditiva) y la de los hijastros que se desempeñaban en un giro de negocio en que participaban entusiastamente autoridades locales, provinciales y nacionales. La muerte del prefecto de Guayas puso la nota dramática que necesitaba la hipocresía cristiana para recordarle como el futbolista que fue hace décadas y no como el sospechoso de tener vínculos por lo menos con una de las bandas. Con ese episodio, el virus de la hipocresía amenaza con contagiar a quienes tienen que investigar y sancionar a sordos, hijastros y autoridades. Puede extenderse porque hay una sociedad sensiblera que está dispuesta a olvidar el sucio presente inmediato a cambio de glorias pasadas.
Tercero, el autoritario que pone en riesgo las elecciones. El tirón de orejas del contralor a tres consejeros electorales que incumplieron procedimientos ha sido respondido por estos con amenaza de destitución. Argumentan que, estando en periodo electoral, pueden hacerlo con quien se ponga al frente. Doble error. Primero, llama la atención que no sepan que no hay proceso electoral en marcha, porque son precisamente ellos quienes deben convocarlo y no lo han hecho. Segundo, la interpretación autoritaria que utilizó el Tribunal Electoral para destituir a 57 diputados no tiene cabida en un ordenamiento que pretende ser democrático. Mejor harían en presentar los descargos que pide la Contraloría o, si no los tienen, salir sin mucho ruido.
Cuarto, el virus de la indecisión transmitido por Jaime Nebot al PSC. El suspenso en que mantuvo a sus compañeros ahora se transforma en una lucha interna que debilitará a quien obtenga la candidatura. Además, es un virus que está pensado para rebrotar bajo el próximo gobierno, cuando Nebot impulse su consulta y la gente la tome como un referéndum sobre él.
Quinto, el virus de la censura que, a menos que se demuestre lo contrario, parece haber rondado por Radio Visión.
