Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana..
Cuesta abajo
Qué es lo que le sucede a un gobierno débil cuando se le va el hombre fuerte, es una incógnita muy difícil de despejar. Que se debilita aún más, sería la primera respuesta, porque pierde el principal (o casi único) factor de fortaleza, sin que la suma de los otros logre llenar el vacío. Pero la matemática política no es tan exacta ni tan lógica como la que nos enseñan en la escuela. Por reacción natural, que tiene más que ver con los procesos de evolución y de adaptación de los seres vivos al ambiente, hay muchas probabilidades de que el resultado sea el contrario. Para un organismo frágil, casi indefenso, como puede ser una mesa chica, podría ser más bien una oportunidad para fortalecerse. Pero eso sería así solamente si ese organismo decidiera asumir una actitud proactiva y se hiciera cargo del control de la situación. Dejar las decisiones en las manos inciertas de la naturaleza sería la forma más efectiva para aplazar el proceso evolutivo hasta las calendas griegas.
La salida del consejero presidencial Santiago Cuesta debería ser el elemento desencadenante de ese proceso. Ya es bastante que los integrantes de esa mesa chica puedan dejar de lado la preocupación por los efectos de los reiterados anuncios de proyectos ilusorios, muchos de estos nacidos a partir de sospechosas coincidencias (como el encuentro casual con un supuesto inversionista mexicano que recorría una de las provincias más pobres del país para colocar sus ociosos millones). Es bastante, pero es insuficiente. A ellos les queda aún la tarea más dura, que es la de construir un discurso y un relato que apunten a darle coherencia al Gobierno y, como efecto derivado de esta, que el país vaya recuperando la confianza. Pero nada se podrá lograr si los anuncios insustanciales de Cuesta son reemplazados por los no menos desmedidos y ciertamente delirantes del propio presidente. Lanzar la idea de organizar un campeonato mundial de fútbol con los países vecinos, sin consultar previamente con sus presidentes (allí presentes, sin poder disimular la sorpresa), es tan desatinado como demostrar la habilidad para bromear con una canción en catalán en una reunión sobre el futuro del ambiente planetario o como hablar de átomos voladores en el histórico paraninfo de la Universidad de Salamanca. Francamente penoso y preocupante.
El Gobierno, comenzando por el presidente, necesita un libreto. Pero, al contrario de lo que se suele afirmar, eso no es cosa de los asesores en comunicación, sino de definiciones políticas. El gran déficit de esta administración está allí. La ausencia de rumbo es su señal de identidad. La salida de Cuesta crea el ambiente adecuado para cambiar esa situación porque se elimina uno de los factores que impedían la coherencia. Persisten los rezagos del correísmo, pero sin las interferencias del exasesor, los ministros pueden dedicarse a lo suyo sin necesidad de preocuparse por apagar incendios producidos por fuego interno. Los responsables de definir la línea política podrán actuar sin el riesgo de que una declaración imprudente la tire cuesta abajo.
Cuesta abajo
Qué es lo que le sucede a un gobierno débil cuando se le va el hombre fuerte, es una incógnita muy difícil de despejar. Que se debilita aún más, sería la primera respuesta, porque pierde el principal (o casi único) factor de fortaleza, sin que la suma de los otros logre llenar el vacío. Pero la matemática política no es tan exacta ni tan lógica como la que nos enseñan en la escuela. Por reacción natural, que tiene más que ver con los procesos de evolución y de adaptación de los seres vivos al ambiente, hay muchas probabilidades de que el resultado sea el contrario. Para un organismo frágil, casi indefenso, como puede ser una mesa chica, podría ser más bien una oportunidad para fortalecerse. Pero eso sería así solamente si ese organismo decidiera asumir una actitud proactiva y se hiciera cargo del control de la situación. Dejar las decisiones en las manos inciertas de la naturaleza sería la forma más efectiva para aplazar el proceso evolutivo hasta las calendas griegas.
La salida del consejero presidencial Santiago Cuesta debería ser el elemento desencadenante de ese proceso. Ya es bastante que los integrantes de esa mesa chica puedan dejar de lado la preocupación por los efectos de los reiterados anuncios de proyectos ilusorios, muchos de estos nacidos a partir de sospechosas coincidencias (como el encuentro casual con un supuesto inversionista mexicano que recorría una de las provincias más pobres del país para colocar sus ociosos millones). Es bastante, pero es insuficiente. A ellos les queda aún la tarea más dura, que es la de construir un discurso y un relato que apunten a darle coherencia al Gobierno y, como efecto derivado de esta, que el país vaya recuperando la confianza. Pero nada se podrá lograr si los anuncios insustanciales de Cuesta son reemplazados por los no menos desmedidos y ciertamente delirantes del propio presidente. Lanzar la idea de organizar un campeonato mundial de fútbol con los países vecinos, sin consultar previamente con sus presidentes (allí presentes, sin poder disimular la sorpresa), es tan desatinado como demostrar la habilidad para bromear con una canción en catalán en una reunión sobre el futuro del ambiente planetario o como hablar de átomos voladores en el histórico paraninfo de la Universidad de Salamanca. Francamente penoso y preocupante.
El Gobierno, comenzando por el presidente, necesita un libreto. Pero, al contrario de lo que se suele afirmar, eso no es cosa de los asesores en comunicación, sino de definiciones políticas. El gran déficit de esta administración está allí. La ausencia de rumbo es su señal de identidad. La salida de Cuesta crea el ambiente adecuado para cambiar esa situación porque se elimina uno de los factores que impedían la coherencia. Persisten los rezagos del correísmo, pero sin las interferencias del exasesor, los ministros pueden dedicarse a lo suyo sin necesidad de preocuparse por apagar incendios producidos por fuego interno. Los responsables de definir la línea política podrán actuar sin el riesgo de que una declaración imprudente la tire cuesta abajo.
... y el de la semana pasada
Vieja relojería
La sustitución de la actual Asamblea unicameral por un organismo conformado por dos cámaras es una de las reformas que están sobre la mesa a propósito de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la versión más simplista, como la de algunos asambleístas que la expresan muy sueltos de huesos, esto solamente aumentaría el número de legisladores, incrementaría el presupuesto y complicaría la administración del órgano legislativo. Pero la realidad es mucho más compleja y por ello debería llevar a un análisis detenido en múltiples niveles. Más allá de los arreglos arquitectónicos, que sin duda serán necesarios, se requerirá una profunda ingeniería institucional.
En efecto, lo primero que se debe tomar en cuenta es que la existencia de dos cámaras no es un cambio cosmético de la estructura del Legislativo. Es la instauración de un organismo que difiere del actual en asuntos de fondo, como la manera en que debe asumir y procesar sus funciones y atribuciones. No se trata simplemente de distribuir las tareas actuales en los dos niveles, sino de redefinir esas actividades. A manera de ejemplo, en el proceso de formación de la ley no solamente se añade una instancia (con sus respectivas comisiones o mesas), sino que el debate debe realizarse en dos espacios que tienen atribuciones diferentes. La definición de esas atribuciones es un tema enmarañado, que no puede ser solventado con un diseño y una norma hechos al apuro. De paso, hay que considerar que con la bicameralidad se extienden los plazos para la aprobación de las leyes y demanda acuerdos diferenciados. Consecuentemente, tiende a descender la eficacia –si se la mide por el número de leyes aprobadas–, pero se gana en la profundidad del debate y en la calidad del producto final.
Un tema aún más complejo es la definición de las atribuciones de cada una de las cámaras en su función de control, fiscalización y participación en la selección de autoridades. La búsqueda del contrapeso ideal entre ambas es uno de los puntos centrales. Es una condición ineludible no solo para el correcto desempeño del Legislativo, sino para el funcionamiento adecuado del sistema de controles y balances que debe existir con los otros poderes del Estado. Una mala comprensión del contrapeso entre ambas cámaras, que generalmente proviene de la tendencia a convertir al Senado en un espacio de notables o viejos sabios, puede transformarle en un muerto viviente (como sucede en el caso español).
Esos y otros aspectos de fondo están directamente relacionados con el origen de los integrantes de cada cámara. Si los unos provienen de circunscripciones provinciales, los otros deberían surgir de la elección en circunscripción nacional. Además de los resultados positivos en la legislación y en la fiscalización, esto contribuiría a reducir los efectos negativos de la provincialización y la cantonalización de la política. En fin, el cambio propuesto demanda un trabajo integral, que sustituya a la actual Asamblea por un organismo sustancialmente diferente. Sería un error pensarlo como la vieja relojería, que se limitaba a cambiar engranajes.
Vieja relojería
La sustitución de la actual Asamblea unicameral por un organismo conformado por dos cámaras es una de las reformas que están sobre la mesa a propósito de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la versión más simplista, como la de algunos asambleístas que la expresan muy sueltos de huesos, esto solamente aumentaría el número de legisladores, incrementaría el presupuesto y complicaría la administración del órgano legislativo. Pero la realidad es mucho más compleja y por ello debería llevar a un análisis detenido en múltiples niveles. Más allá de los arreglos arquitectónicos, que sin duda serán necesarios, se requerirá una profunda ingeniería institucional.
En efecto, lo primero que se debe tomar en cuenta es que la existencia de dos cámaras no es un cambio cosmético de la estructura del Legislativo. Es la instauración de un organismo que difiere del actual en asuntos de fondo, como la manera en que debe asumir y procesar sus funciones y atribuciones. No se trata simplemente de distribuir las tareas actuales en los dos niveles, sino de redefinir esas actividades. A manera de ejemplo, en el proceso de formación de la ley no solamente se añade una instancia (con sus respectivas comisiones o mesas), sino que el debate debe realizarse en dos espacios que tienen atribuciones diferentes. La definición de esas atribuciones es un tema enmarañado, que no puede ser solventado con un diseño y una norma hechos al apuro. De paso, hay que considerar que con la bicameralidad se extienden los plazos para la aprobación de las leyes y demanda acuerdos diferenciados. Consecuentemente, tiende a descender la eficacia –si se la mide por el número de leyes aprobadas–, pero se gana en la profundidad del debate y en la calidad del producto final.
Un tema aún más complejo es la definición de las atribuciones de cada una de las cámaras en su función de control, fiscalización y participación en la selección de autoridades. La búsqueda del contrapeso ideal entre ambas es uno de los puntos centrales. Es una condición ineludible no solo para el correcto desempeño del Legislativo, sino para el funcionamiento adecuado del sistema de controles y balances que debe existir con los otros poderes del Estado. Una mala comprensión del contrapeso entre ambas cámaras, que generalmente proviene de la tendencia a convertir al Senado en un espacio de notables o viejos sabios, puede transformarle en un muerto viviente (como sucede en el caso español).
Esos y otros aspectos de fondo están directamente relacionados con el origen de los integrantes de cada cámara. Si los unos provienen de circunscripciones provinciales, los otros deberían surgir de la elección en circunscripción nacional. Además de los resultados positivos en la legislación y en la fiscalización, esto contribuiría a reducir los efectos negativos de la provincialización y la cantonalización de la política. En fin, el cambio propuesto demanda un trabajo integral, que sustituya a la actual Asamblea por un organismo sustancialmente diferente. Sería un error pensarlo como la vieja relojería, que se limitaba a cambiar engranajes.
