Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana...
Amenazas a la democracia
Que la democracia está amenazada es una realidad que se constata en muchos países americanos y europeos. También es evidente que los problemas que afectan a este tipo de régimen ya no vienen de afuera, como en épocas anteriores cuando el problema eran los cuartelazos y la implantación de dictaduras de mano dura. Ahora los peligros vienen de adentro, tanto desde las propias instituciones como de la ciudadanía. Las primeras porque han perdido su capacidad para organizar y mantener el orden político, ya sea por la erosión originada en pésimas administraciones o por ser utilizadas como feudos de círculos poderosos o, en el peor de los casos, han sido penetradas por grupos de delincuencia organizada. La responsabilidad de la ciudadanía, por su parte, está en la indiferencia con que asiste al derrumbe e incluso en el entusiasmo con que apoya a las tendencias políticas demoledoras.
El caso ecuatoriano es un modelo de esa situación. La democracia hace agua por todos sus costados. En todos los niveles –desde el procedimiento básico de las elecciones hasta la vigencia del Estado de derecho, pasando por todos los demás aspectos– se encuentran problemas que constituyen amenazas para la vigencia plena del régimen democrático. Precisamente en este momento, cuando de hecho ya estamos en campaña electoral, se evidencian grietas que ponen en riesgo a los pilares que deberían sustentarlos. Basta considerar los temas del debate y las formas en que este se manifiesta para comprobar que la preocupación de los políticos viejos y nuevos no está en la búsqueda de soluciones para los problemas de fondo. La pobreza, la crisis fiscal, el desempleo abierto y encubierto, la obsolescencia institucional del sector público o la corrupción generalizada no tienen cabida en medio de la desbocada palabrería de los aspirantes a cualquier puesto.
El único problema que recibe atención es el de la inseguridad. Lo es porque constituye una cantera cuantiosa de votos y porque para conseguirlos no hace falta nada más que ofrecer mano dura. El debate político se ha restringido a la forma de aplicar esta, sin considerar toda la complejidad del tema, que abarca a las condiciones socioeconómicas, al sistema judicial, al sistema carcelario, a las bases de la confianza interpersonal y a la responsabilidad social del sector privado. De esa manera, la oferta punitiva, que en sí misma es insuficiente, se convierte en un ingrediente para la erosión de la democracia ya que fácilmente pasa por encima de derechos y garantías. El gatillo fácil es una de las llaves que abren la puerta hacia la aniquilación del Estado de derecho.
Advertencias irresponsables como la del expresidente Correa, quien anuncia una cadena de actos terroristas, son, hasta el momento, la expresión más acabada de esa tendencia que, en ese caso, combina autoritarismo con desesperación. Del otro lado la respuesta no es menos prepotente y soberbia, cuando el presidente –quien debió hacer un gobierno de transición– busca polarizar más la contienda e intervenir en las instituciones judiciales.
El camino que transitamos no lleva a una meta positiva para el país. Al contrario de lo que señala la teoría, la contienda electoral y la renovación de autoridades judiciales servirán para erosionar más a la democracia. Nos empeñamos en engrosar las amenazas.
Amenazas a la democracia
Que la democracia está amenazada es una realidad que se constata en muchos países americanos y europeos. También es evidente que los problemas que afectan a este tipo de régimen ya no vienen de afuera, como en épocas anteriores cuando el problema eran los cuartelazos y la implantación de dictaduras de mano dura. Ahora los peligros vienen de adentro, tanto desde las propias instituciones como de la ciudadanía. Las primeras porque han perdido su capacidad para organizar y mantener el orden político, ya sea por la erosión originada en pésimas administraciones o por ser utilizadas como feudos de círculos poderosos o, en el peor de los casos, han sido penetradas por grupos de delincuencia organizada. La responsabilidad de la ciudadanía, por su parte, está en la indiferencia con que asiste al derrumbe e incluso en el entusiasmo con que apoya a las tendencias políticas demoledoras.
El caso ecuatoriano es un modelo de esa situación. La democracia hace agua por todos sus costados. En todos los niveles –desde el procedimiento básico de las elecciones hasta la vigencia del Estado de derecho, pasando por todos los demás aspectos– se encuentran problemas que constituyen amenazas para la vigencia plena del régimen democrático. Precisamente en este momento, cuando de hecho ya estamos en campaña electoral, se evidencian grietas que ponen en riesgo a los pilares que deberían sustentarlos. Basta considerar los temas del debate y las formas en que este se manifiesta para comprobar que la preocupación de los políticos viejos y nuevos no está en la búsqueda de soluciones para los problemas de fondo. La pobreza, la crisis fiscal, el desempleo abierto y encubierto, la obsolescencia institucional del sector público o la corrupción generalizada no tienen cabida en medio de la desbocada palabrería de los aspirantes a cualquier puesto.
El único problema que recibe atención es el de la inseguridad. Lo es porque constituye una cantera cuantiosa de votos y porque para conseguirlos no hace falta nada más que ofrecer mano dura. El debate político se ha restringido a la forma de aplicar esta, sin considerar toda la complejidad del tema, que abarca a las condiciones socioeconómicas, al sistema judicial, al sistema carcelario, a las bases de la confianza interpersonal y a la responsabilidad social del sector privado. De esa manera, la oferta punitiva, que en sí misma es insuficiente, se convierte en un ingrediente para la erosión de la democracia ya que fácilmente pasa por encima de derechos y garantías. El gatillo fácil es una de las llaves que abren la puerta hacia la aniquilación del Estado de derecho.
Advertencias irresponsables como la del expresidente Correa, quien anuncia una cadena de actos terroristas, son, hasta el momento, la expresión más acabada de esa tendencia que, en ese caso, combina autoritarismo con desesperación. Del otro lado la respuesta no es menos prepotente y soberbia, cuando el presidente –quien debió hacer un gobierno de transición– busca polarizar más la contienda e intervenir en las instituciones judiciales.
El camino que transitamos no lleva a una meta positiva para el país. Al contrario de lo que señala la teoría, la contienda electoral y la renovación de autoridades judiciales servirán para erosionar más a la democracia. Nos empeñamos en engrosar las amenazas.
... y el de la semana pasada
Papel mojado
Cuando circule este artículo ya se conocerá el número definitivo de binomios que competirán en la elección de febrero. Previamente, la proliferación de precandidaturas dio pie a las especulaciones sobre la posibilidad de que algunas de estas no se inscribieran para dar paso a alianzas. Hasta la mañana del viernes lo único que alteró levemente la situación fue el anuncio del acuerdo sobre un programa de gobierno al que habían llegado varias organizaciones de izquierda. Sin embargo, ninguna de ellas declinó su candidatura y queda flotando la pregunta sobre los objetivos y la posibilidad de materialización de ese acuerdo.
Hay tres respuestas al respecto. La primera es que se haya constituido una candidatura de unidad. Esta es la menos probable porque a cada organización le conviene mantenerse en la disputa, sobre todo porque entre algunas de ellas hay diferencias insalvables. Se vio en el enfrentamiento entre el candidato del Partido Socialista y el expresidente Correa que anuló los débiles acercamientos que hubo entre sus respectivas agrupaciones. Tampoco es fácil de superar la distancia que existe entre Pachakutik y el correísmo, con episodios muy graves en un pasado no remoto. Asimismo, para varios de esos grupos no les resulta fácil aceptar que Centro Democrático sea parte de las izquierdas. Finalmente, debido a que el correísmo es la fuerza mayoritaria, cualquier alianza se haría en torno a su candidatura, lo que genera resquemores en las otras cuatro organizaciones, ya que quedarían supeditadas a pesar de que a alguna de ellas podría corresponderle la Vicepresidencia.
La segunda posibilidad es que se haya concretado una unidad parcial, siempre con el correísmo a la cabeza, pero sin algunas de las demás agrupaciones. En este caso les resultaría difícil alcanzar el apoyo electoral previsto, que es el triunfo en primera vuelta, y el plan de gobierno que aprobaron quedaría como papel mojado porque se impondría el de la fuerza mayoritaria. Además, tanto en esta eventualidad como en la anterior, cabe señalar que no es seguro de que los votantes de esas tiendas minoritarias estén dispuestos a taparse la nariz y votar por quienes fueron sus represores.
La tercera, la más probable, es que el acuerdo haya quedado en un plan de esos archiconocidos manifiestos de bonachonas, contradictorias y utópicas intenciones que han inundado el trayecto de las izquierdas desde siempre y que, obviamente, no se concrete la alianza electoral. Por la forma en que se lo presentó, como una enumeración de temas no desarrollados y sin una candidatura de unidad, se hace evidente que no se trataba de un acuerdo electoral. O, por lo menos, no lo sería para la primera vuelta. Su divulgación se perfila más como un anuncio de los esfuerzos que harán para lograr el apoyo de sus respectivos votantes para la candidatura que pase a la segunda vuelta (que, según la historia reciente y a las proyecciones, ya se sabe cuál será). Es mucha la ingenuidad de los cuatro que quedarán fuera al suponer que ese plan servirá para algo más que para la campaña. La historia es maestra y solo requiere que sepan leerla.
(De paso, cabe recomendarle al candidato del Partido Socialista que busque otro nombre para el ente que promete crear, ya que la DINA fue el instrumento de persecución, tortura y muerte de Pinochet).
Papel mojado
Cuando circule este artículo ya se conocerá el número definitivo de binomios que competirán en la elección de febrero. Previamente, la proliferación de precandidaturas dio pie a las especulaciones sobre la posibilidad de que algunas de estas no se inscribieran para dar paso a alianzas. Hasta la mañana del viernes lo único que alteró levemente la situación fue el anuncio del acuerdo sobre un programa de gobierno al que habían llegado varias organizaciones de izquierda. Sin embargo, ninguna de ellas declinó su candidatura y queda flotando la pregunta sobre los objetivos y la posibilidad de materialización de ese acuerdo.
Hay tres respuestas al respecto. La primera es que se haya constituido una candidatura de unidad. Esta es la menos probable porque a cada organización le conviene mantenerse en la disputa, sobre todo porque entre algunas de ellas hay diferencias insalvables. Se vio en el enfrentamiento entre el candidato del Partido Socialista y el expresidente Correa que anuló los débiles acercamientos que hubo entre sus respectivas agrupaciones. Tampoco es fácil de superar la distancia que existe entre Pachakutik y el correísmo, con episodios muy graves en un pasado no remoto. Asimismo, para varios de esos grupos no les resulta fácil aceptar que Centro Democrático sea parte de las izquierdas. Finalmente, debido a que el correísmo es la fuerza mayoritaria, cualquier alianza se haría en torno a su candidatura, lo que genera resquemores en las otras cuatro organizaciones, ya que quedarían supeditadas a pesar de que a alguna de ellas podría corresponderle la Vicepresidencia.
La segunda posibilidad es que se haya concretado una unidad parcial, siempre con el correísmo a la cabeza, pero sin algunas de las demás agrupaciones. En este caso les resultaría difícil alcanzar el apoyo electoral previsto, que es el triunfo en primera vuelta, y el plan de gobierno que aprobaron quedaría como papel mojado porque se impondría el de la fuerza mayoritaria. Además, tanto en esta eventualidad como en la anterior, cabe señalar que no es seguro de que los votantes de esas tiendas minoritarias estén dispuestos a taparse la nariz y votar por quienes fueron sus represores.
La tercera, la más probable, es que el acuerdo haya quedado en un plan de esos archiconocidos manifiestos de bonachonas, contradictorias y utópicas intenciones que han inundado el trayecto de las izquierdas desde siempre y que, obviamente, no se concrete la alianza electoral. Por la forma en que se lo presentó, como una enumeración de temas no desarrollados y sin una candidatura de unidad, se hace evidente que no se trataba de un acuerdo electoral. O, por lo menos, no lo sería para la primera vuelta. Su divulgación se perfila más como un anuncio de los esfuerzos que harán para lograr el apoyo de sus respectivos votantes para la candidatura que pase a la segunda vuelta (que, según la historia reciente y a las proyecciones, ya se sabe cuál será). Es mucha la ingenuidad de los cuatro que quedarán fuera al suponer que ese plan servirá para algo más que para la campaña. La historia es maestra y solo requiere que sepan leerla.
(De paso, cabe recomendarle al candidato del Partido Socialista que busque otro nombre para el ente que promete crear, ya que la DINA fue el instrumento de persecución, tortura y muerte de Pinochet).
