Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana..
Crisis estatal
El conflicto iniciado con el paro de la Conaie está a punto de llegar al nivel en que ya no es posible una solución por medio del diálogo. Desde el sábado convergió la violencia y la intransigencia de Iza y de los grupos armados que lo apoyan con la táctica desestabilizadora del correísmo. Más temprano que tarde debían encontrarse porque ambos consideran que, para alcanzar sus respectivos objetivos, deben previamente crear una situación caótica en la que se cierren todas las salidas políticas. Iza lo hace desembozadamente con la violencia; el correísmo utiliza arteramente un recurso institucional. Ambos aprovechan la cobardía y —hay que decirlo— la inconmensurable ignorancia de buena parte de los actores políticos que no se atreven a condenar esas prácticas por temor a ser identificados con el Gobierno.
Desde hace dos semanas, el Estado, no exclusivamente el Gobierno, perdió el control sobre el territorio. El orden público dejó de estar en manos de las autoridades legítimas y pasó a grupos irregulares que hacen cumplir su voluntad, no la ley, por medio de la coacción y la violencia. Cierre de vías, cobro de peajes, extorsión, chantaje y amenazas a los asambleístas para que voten por la destitución del presidente son los síntomas de un problema que afecta las bases de la convivencia social. Sin un ente legítimo que tenga el monopolio de la fuerza, esta es reemplazada por la arbitrariedad y desaparece el orden republicano y democrático. En esas condiciones, la derogatoria del estado de excepción es un error porque, si bien le quita a la Asamblea uno de los pretextos para la destitución presidencial, a la vez limita el poder estatal para restaurar el orden. Irónicamente, se puede decir que con ello el Gobierno erosiona al Estado. Hay que estar conscientes de que, con o sin estado de excepción, la Asamblea va a actuar guiada por los cálculos políticos y no por el apego a las normas. Es más, el retiro del estado de excepción es un ingrediente que acelera la posibilidad de la destitución, ya que debilita aún más a un Gobierno que cuenta con muy poco espacio y con limitados recursos políticos.
La negativa al diálogo y el incremento de demandas de Iza y su facción violentista prácticamente cierran esa vía. La cobardía de gran parte de los asambleístas está abriendo el camino a la destitución presidencial. La pregunta, en caso de que se imponga esta última, es qué va a suceder en el futuro inmediato. Los correístas patean el problema hacia adelante, al triunfo que creen que obtendrán en la elección que debería ser convocada. Los violentistas se mantendrán en su demanda de resultados inmediatos y, al sentirse triunfadores, incrementarán las exigencias. El cambio de Lasso por Borrero significará vivir unos cuantos meses sin un Gobierno que pueda gobernar y, sobre todo, sin un Estado que pueda ejercer su soberanía en su propio territorio.
La solución no está en aceptar los diez puntos metidos al buen tuntún para justificar la acción insurreccional que Iza plantea sin ambages en el libro Estallido. Tampoco está en caer en el juego chantajista del correísmo. Ambos juegan para las ligas mayores, aquellas que tienen el dinero suficiente para mantener dos semanas de carísimas movilizaciones y para comprar votos en la Asamblea. La crisis no es gubernamental, es estatal.
Crisis estatal
El conflicto iniciado con el paro de la Conaie está a punto de llegar al nivel en que ya no es posible una solución por medio del diálogo. Desde el sábado convergió la violencia y la intransigencia de Iza y de los grupos armados que lo apoyan con la táctica desestabilizadora del correísmo. Más temprano que tarde debían encontrarse porque ambos consideran que, para alcanzar sus respectivos objetivos, deben previamente crear una situación caótica en la que se cierren todas las salidas políticas. Iza lo hace desembozadamente con la violencia; el correísmo utiliza arteramente un recurso institucional. Ambos aprovechan la cobardía y —hay que decirlo— la inconmensurable ignorancia de buena parte de los actores políticos que no se atreven a condenar esas prácticas por temor a ser identificados con el Gobierno.
Desde hace dos semanas, el Estado, no exclusivamente el Gobierno, perdió el control sobre el territorio. El orden público dejó de estar en manos de las autoridades legítimas y pasó a grupos irregulares que hacen cumplir su voluntad, no la ley, por medio de la coacción y la violencia. Cierre de vías, cobro de peajes, extorsión, chantaje y amenazas a los asambleístas para que voten por la destitución del presidente son los síntomas de un problema que afecta las bases de la convivencia social. Sin un ente legítimo que tenga el monopolio de la fuerza, esta es reemplazada por la arbitrariedad y desaparece el orden republicano y democrático. En esas condiciones, la derogatoria del estado de excepción es un error porque, si bien le quita a la Asamblea uno de los pretextos para la destitución presidencial, a la vez limita el poder estatal para restaurar el orden. Irónicamente, se puede decir que con ello el Gobierno erosiona al Estado. Hay que estar conscientes de que, con o sin estado de excepción, la Asamblea va a actuar guiada por los cálculos políticos y no por el apego a las normas. Es más, el retiro del estado de excepción es un ingrediente que acelera la posibilidad de la destitución, ya que debilita aún más a un Gobierno que cuenta con muy poco espacio y con limitados recursos políticos.
La negativa al diálogo y el incremento de demandas de Iza y su facción violentista prácticamente cierran esa vía. La cobardía de gran parte de los asambleístas está abriendo el camino a la destitución presidencial. La pregunta, en caso de que se imponga esta última, es qué va a suceder en el futuro inmediato. Los correístas patean el problema hacia adelante, al triunfo que creen que obtendrán en la elección que debería ser convocada. Los violentistas se mantendrán en su demanda de resultados inmediatos y, al sentirse triunfadores, incrementarán las exigencias. El cambio de Lasso por Borrero significará vivir unos cuantos meses sin un Gobierno que pueda gobernar y, sobre todo, sin un Estado que pueda ejercer su soberanía en su propio territorio.
La solución no está en aceptar los diez puntos metidos al buen tuntún para justificar la acción insurreccional que Iza plantea sin ambages en el libro Estallido. Tampoco está en caer en el juego chantajista del correísmo. Ambos juegan para las ligas mayores, aquellas que tienen el dinero suficiente para mantener dos semanas de carísimas movilizaciones y para comprar votos en la Asamblea. La crisis no es gubernamental, es estatal.
... y el de la semana pasada
Irresponsabilidad e ingenuidad
Con el fin explícito de viabilizar el diálogo, el Gobierno permitió que en la mañana del jueves se levante el cerco policial de la Casa de la Cultura y se permita la entrada de las organizaciones indígenas. Con ello, el Gobierno cedió un espacio que, desde octubre de 2019, tiene gran peso simbólico y que constituye un punto estratégico para la conducción de las manifestaciones. Se puede suponer que esa decisión se basó en una interpretación de lo que sucedió el día anterior, cuando los manifestantes respetaron el acuerdo de realizar una marcha pacífica –resguardada por la policía– hasta el centro histórico de Quito. Al parecer, se la tomó como una señal de la voluntad de los dirigentes indígenas para llegar a acuerdos. Pero, no fueron necesarios más que unos minutos para ver cómo ese espacio se transformaba en el cuartel general desde el que se originaron nuevos actos de violencia.
Dos explicaciones se barajaron al respecto. La primera atribuía el hecho a un exceso de confianza e incluso de ingenuidad del círculo gubernamental, que habría hipotecado la solución del problema a la palabra y la voluntad del presidente de la Conaie. Este habría dado ciertas pistas en ese sentido a las organizaciones que buscaron intermediar. Sin embargo, una vez que arribó a la CCE, se fue para atrás y reiteró el cumplimiento de los diez puntos como condición inamovible para la desactivación de las protestas. Por consiguiente habría engañado a quienes quisieron escucharle para obtener un triunfo simbólico que fortalecería su liderazgo.
La otra explicación apuntaba a las discrepancias existentes en las filas de los manifestantes. Según esta, Iza habría sentido que estaba perdiendo el control de las manifestaciones por el avance de grupos violentos y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno. Pero, la capacidad de acción de esos grupos habría impedido que se instalara la reunión en que se debían definir los términos para el diálogo. A Iza no le habría quedado otra opción que plegar a esa posición.
Las dos explicaciones coinciden en el avance de la violencia en las protestas. Asimismo, concuerdan en la adscripción de Iza a esa línea, ya sea por voluntad propia o por presión de sus bases. En definitiva dan cuenta de una situación que pone al país al borde del caos. La probabilidad de que se abra el camino del diálogo es mínima y depende totalmente de los dirigentes del paro. La responsabilidad recae exclusivamente sobre ellos.
Mientras tanto el correísmo impulsa la destitución del presidente. Convencidos de que triunfarán en las elecciones anticipadas, no consideran que esa medida no resuelve el problema del paro. Es una apuesta arriesgada, porque cierra cualquier posibilidad de entendimiento entre las organizaciones sociales y el Gobierno (el actual o el del vicepresidente que asumiría en caso de destitución y que sin duda sería aún más débil). Olvidan además que en cualquier momento el presidente de la República podría adelantarse y disolver la Asamblea, lo que le daría un margen de acción que ahora no tiene y con ello podría cambiar la correlación de fuerzas. En síntesis, el país vuelve a situarse al filo del abismo por la irresponsabilidad del un lado y la ingenuidad del otro.
Irresponsabilidad e ingenuidad
Con el fin explícito de viabilizar el diálogo, el Gobierno permitió que en la mañana del jueves se levante el cerco policial de la Casa de la Cultura y se permita la entrada de las organizaciones indígenas. Con ello, el Gobierno cedió un espacio que, desde octubre de 2019, tiene gran peso simbólico y que constituye un punto estratégico para la conducción de las manifestaciones. Se puede suponer que esa decisión se basó en una interpretación de lo que sucedió el día anterior, cuando los manifestantes respetaron el acuerdo de realizar una marcha pacífica –resguardada por la policía– hasta el centro histórico de Quito. Al parecer, se la tomó como una señal de la voluntad de los dirigentes indígenas para llegar a acuerdos. Pero, no fueron necesarios más que unos minutos para ver cómo ese espacio se transformaba en el cuartel general desde el que se originaron nuevos actos de violencia.
Dos explicaciones se barajaron al respecto. La primera atribuía el hecho a un exceso de confianza e incluso de ingenuidad del círculo gubernamental, que habría hipotecado la solución del problema a la palabra y la voluntad del presidente de la Conaie. Este habría dado ciertas pistas en ese sentido a las organizaciones que buscaron intermediar. Sin embargo, una vez que arribó a la CCE, se fue para atrás y reiteró el cumplimiento de los diez puntos como condición inamovible para la desactivación de las protestas. Por consiguiente habría engañado a quienes quisieron escucharle para obtener un triunfo simbólico que fortalecería su liderazgo.
La otra explicación apuntaba a las discrepancias existentes en las filas de los manifestantes. Según esta, Iza habría sentido que estaba perdiendo el control de las manifestaciones por el avance de grupos violentos y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno. Pero, la capacidad de acción de esos grupos habría impedido que se instalara la reunión en que se debían definir los términos para el diálogo. A Iza no le habría quedado otra opción que plegar a esa posición.
Las dos explicaciones coinciden en el avance de la violencia en las protestas. Asimismo, concuerdan en la adscripción de Iza a esa línea, ya sea por voluntad propia o por presión de sus bases. En definitiva dan cuenta de una situación que pone al país al borde del caos. La probabilidad de que se abra el camino del diálogo es mínima y depende totalmente de los dirigentes del paro. La responsabilidad recae exclusivamente sobre ellos.
Mientras tanto el correísmo impulsa la destitución del presidente. Convencidos de que triunfarán en las elecciones anticipadas, no consideran que esa medida no resuelve el problema del paro. Es una apuesta arriesgada, porque cierra cualquier posibilidad de entendimiento entre las organizaciones sociales y el Gobierno (el actual o el del vicepresidente que asumiría en caso de destitución y que sin duda sería aún más débil). Olvidan además que en cualquier momento el presidente de la República podría adelantarse y disolver la Asamblea, lo que le daría un margen de acción que ahora no tiene y con ello podría cambiar la correlación de fuerzas. En síntesis, el país vuelve a situarse al filo del abismo por la irresponsabilidad del un lado y la ingenuidad del otro.
