Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana...
Constitucionalismo artificial
Muchas personas interpretaron que la afirmación del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, sobre la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial (IA) para la redacción de una Constitución en Ecuador fue una ironía. Sin embargo, el tono que utilizó, su gestualidad facial y corporal, y sobre todo el público al que iba dirigida obligan a tomarla como una afirmación seria. Ese público eran jóvenes estudiantes, personas que se están formando y que en ese proceso no solamente deben adquirir conocimientos, sino que están obligadas a interiorizar el valor de la responsabilidad de construir su propio pensamiento. Vale decir, la responsabilidad de actuar como un ser racional. Se podría decir que era el peor lugar para emitir un mensaje como ese. Y era, también, el peor momento.
En efecto, es un verdadero despropósito sugerir esa posibilidad cuando el país tiene que decidir si aprueba o niega la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Equivale a afirmar que no importará a quiénes elijan los votantes, ya que bastará con que algún asistente formule las preguntas adecuadas en el software correspondiente. De hacerlo así, quedaría eliminada desde el inicio la condición del asambleísta como portador de la voluntad popular. En realidad, quedaría eliminada su propia condición ser pesante. Obviamente, esta última observación puede ser fácilmente rebatida aludiendo a la realidad palpable de los y las integrantes de la actual Asamblea Nacional y de las anteriores, en que aquella condición de seres racionales solo puede aplicarse a una insignificante minoría.
Sin embargo, precisamente en la evidencia de aquella realidad es en donde podría encontrarse hipotéticamente (es decir, siempre como un supuesto) la idea que tiene el presidente Daniel Noboa acerca de la redacción de la nueva Constitución del Ecuador. Es probable que, consciente como debe estar del deplorable nivel de aquel cuerpo representativo, concluya que lo mejor será ignorarlo. La estrategia consistiría en ir encajonando todos los considerandos, los artículos y los capítulos que ellos y ellas vayan elaborando, para ir sustituyéndoles por lo que vaya arrojando la inteligencia artificial. Al fin y al cabo, por la experiencia de estos meses él sabe que desde ese cuerpo representativo no saldría un solo reclamo, no solo porque la obediencia es ciega, sorda y muda, sino porque ni siquiera notarían los cambios. Aún más probable es que ni siquiera vaya a ser necesario que produzcan y envíen algo, ya que bastaría con matar el tiempo con discursos y peleas insulsas, mientras la inteligencia artificial funciona a toda máquina en la Presidencia del Ecuador o en alguna oficina particular.
Adicionalmente, esta modalidad serviría para dejar de lado la preocupación por contar con la mayoría de los dos tercios que establece el reglamento que acompaña a la convocatoria. En un tiempo en que se impone como verdad el inmediatismo mediocre de las redes sociales, el número de votos o de manos alzadas cederá el puesto al algoritmo de ese oxímoron que se denomina inteligencia artificial o IA.
Constitucionalismo artificial
Muchas personas interpretaron que la afirmación del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, sobre la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial (IA) para la redacción de una Constitución en Ecuador fue una ironía. Sin embargo, el tono que utilizó, su gestualidad facial y corporal, y sobre todo el público al que iba dirigida obligan a tomarla como una afirmación seria. Ese público eran jóvenes estudiantes, personas que se están formando y que en ese proceso no solamente deben adquirir conocimientos, sino que están obligadas a interiorizar el valor de la responsabilidad de construir su propio pensamiento. Vale decir, la responsabilidad de actuar como un ser racional. Se podría decir que era el peor lugar para emitir un mensaje como ese. Y era, también, el peor momento.
En efecto, es un verdadero despropósito sugerir esa posibilidad cuando el país tiene que decidir si aprueba o niega la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Equivale a afirmar que no importará a quiénes elijan los votantes, ya que bastará con que algún asistente formule las preguntas adecuadas en el software correspondiente. De hacerlo así, quedaría eliminada desde el inicio la condición del asambleísta como portador de la voluntad popular. En realidad, quedaría eliminada su propia condición ser pesante. Obviamente, esta última observación puede ser fácilmente rebatida aludiendo a la realidad palpable de los y las integrantes de la actual Asamblea Nacional y de las anteriores, en que aquella condición de seres racionales solo puede aplicarse a una insignificante minoría.
Sin embargo, precisamente en la evidencia de aquella realidad es en donde podría encontrarse hipotéticamente (es decir, siempre como un supuesto) la idea que tiene el presidente Daniel Noboa acerca de la redacción de la nueva Constitución del Ecuador. Es probable que, consciente como debe estar del deplorable nivel de aquel cuerpo representativo, concluya que lo mejor será ignorarlo. La estrategia consistiría en ir encajonando todos los considerandos, los artículos y los capítulos que ellos y ellas vayan elaborando, para ir sustituyéndoles por lo que vaya arrojando la inteligencia artificial. Al fin y al cabo, por la experiencia de estos meses él sabe que desde ese cuerpo representativo no saldría un solo reclamo, no solo porque la obediencia es ciega, sorda y muda, sino porque ni siquiera notarían los cambios. Aún más probable es que ni siquiera vaya a ser necesario que produzcan y envíen algo, ya que bastaría con matar el tiempo con discursos y peleas insulsas, mientras la inteligencia artificial funciona a toda máquina en la Presidencia del Ecuador o en alguna oficina particular.
Adicionalmente, esta modalidad serviría para dejar de lado la preocupación por contar con la mayoría de los dos tercios que establece el reglamento que acompaña a la convocatoria. En un tiempo en que se impone como verdad el inmediatismo mediocre de las redes sociales, el número de votos o de manos alzadas cederá el puesto al algoritmo de ese oxímoron que se denomina inteligencia artificial o IA.
... y el de la semana pasada
Política sin partidos
A finales del siglo pasado se gritaba que se vayan todos, en alusión a los políticos y sobre todo a los partidos. El grito callejero se fue haciendo realidad en sucesivas elecciones. Entre 1998 y 2002 los cuatro partidos que habían configurado un sistema relativamente estable perdieron más de veinte puntos porcentuales de su votación. Entre 2002 y 2006 perdieron otros treinta puntos. El sistema de partidos se había desintegrado, sin que pudiera recuperarse a partir de las agrupaciones que surgieron de la mano de dos individuos carentes de una visión sobre los temas fundamentales del país. El escenario quedó disponible para que llegara a la presidencia el líder antipartido que mandaría a hacer una constitución a su medida y que gobernaría a sus anchas durante un decenio. De ahí en adelante, la disputa se desarrolló fundamentalmente entre individuos cuya carta de presentación era su aversión a la política amparados bajo membretes de organizaciones inexistentes.
Siguiendo esa dirección, ahora se nos convoca a eliminar definitivamente a los partidos. La aprobación casi segura de dos preguntas de la consulta convocada para el 16 de noviembre será la lápida simbólica de la tumba colectiva. El golpe más directo será la eliminación del financiamiento estatal destinado a solventar los costos que demanda la operación de los partidos. Como cualquier organización, un partido requiere contar con un local en un número apreciable de provincias, necesita personal administrativo, debe cubrir las planillas de electricidad, agua, internet y otros servicios, así como los costos de transporte, divulgación, materiales y varios rubros adicionales. Sin el recurso estatal, las organizaciones políticas deberán buscar el dinero en fuentes privadas, en las que, por razones ideológicas, unas tendrán grandes portones abiertos, mientras a otras se les cerrarán incluso las ventanas. Eso significará el fin de una mínima igualdad en la línea de partida. Además, siempre estará disponible el dinero sucio, que conoce perfectamente las ventajas que proporciona el padrinazgo político. En lugar de proponer la aplicación de controles rigurosos, se tirará el agua con el niño adentro.
El otro golpe es el que vendrá con la convocatoria a una asamblea constituyente. Para comenzar, la disputa política no está planteada en torno a propuestas claras de ordenamiento del Estado, tampoco es una contienda entre organizaciones políticas consolidadas y portadoras de ideologías claras. Es un enfrentamiento de liderazgos personales que en muchos aspectos se parecen bastante. A esto se añaden las restricciones a la representación de la diversidad nacional que se producirá debido al reducido número de asambleístas que se elegirán en la mayoría de las provincias. En once provincias se elegirá un solo representante y en doce apenas dos. En caso de que en las provincias grandes se aplique la votación por distritos, como es actualmente, tampoco en ellas habrá proporcionalidad. Únicamente en el distrito nacional (en que se elegirán diez) podrá haber una representación plural y será el único espacio en que funcionará la tan mentada fórmula D´Hondt (con su pronunciación Dont, no De Jont). Ciertamente, hay la posibilidad de que muchas organizaciones provinciales aprovechen estas disposiciones para obtener puestos, lo que incrementará aún más la falta de representatividad y facilitará enormemente la compraventa de votos.
Una máxima sostiene que sin partidos no hay democracia. Nuestro país da testimonio de esta
Política sin partidos
A finales del siglo pasado se gritaba que se vayan todos, en alusión a los políticos y sobre todo a los partidos. El grito callejero se fue haciendo realidad en sucesivas elecciones. Entre 1998 y 2002 los cuatro partidos que habían configurado un sistema relativamente estable perdieron más de veinte puntos porcentuales de su votación. Entre 2002 y 2006 perdieron otros treinta puntos. El sistema de partidos se había desintegrado, sin que pudiera recuperarse a partir de las agrupaciones que surgieron de la mano de dos individuos carentes de una visión sobre los temas fundamentales del país. El escenario quedó disponible para que llegara a la presidencia el líder antipartido que mandaría a hacer una constitución a su medida y que gobernaría a sus anchas durante un decenio. De ahí en adelante, la disputa se desarrolló fundamentalmente entre individuos cuya carta de presentación era su aversión a la política amparados bajo membretes de organizaciones inexistentes.
Siguiendo esa dirección, ahora se nos convoca a eliminar definitivamente a los partidos. La aprobación casi segura de dos preguntas de la consulta convocada para el 16 de noviembre será la lápida simbólica de la tumba colectiva. El golpe más directo será la eliminación del financiamiento estatal destinado a solventar los costos que demanda la operación de los partidos. Como cualquier organización, un partido requiere contar con un local en un número apreciable de provincias, necesita personal administrativo, debe cubrir las planillas de electricidad, agua, internet y otros servicios, así como los costos de transporte, divulgación, materiales y varios rubros adicionales. Sin el recurso estatal, las organizaciones políticas deberán buscar el dinero en fuentes privadas, en las que, por razones ideológicas, unas tendrán grandes portones abiertos, mientras a otras se les cerrarán incluso las ventanas. Eso significará el fin de una mínima igualdad en la línea de partida. Además, siempre estará disponible el dinero sucio, que conoce perfectamente las ventajas que proporciona el padrinazgo político. En lugar de proponer la aplicación de controles rigurosos, se tirará el agua con el niño adentro.
El otro golpe es el que vendrá con la convocatoria a una asamblea constituyente. Para comenzar, la disputa política no está planteada en torno a propuestas claras de ordenamiento del Estado, tampoco es una contienda entre organizaciones políticas consolidadas y portadoras de ideologías claras. Es un enfrentamiento de liderazgos personales que en muchos aspectos se parecen bastante. A esto se añaden las restricciones a la representación de la diversidad nacional que se producirá debido al reducido número de asambleístas que se elegirán en la mayoría de las provincias. En once provincias se elegirá un solo representante y en doce apenas dos. En caso de que en las provincias grandes se aplique la votación por distritos, como es actualmente, tampoco en ellas habrá proporcionalidad. Únicamente en el distrito nacional (en que se elegirán diez) podrá haber una representación plural y será el único espacio en que funcionará la tan mentada fórmula D´Hondt (con su pronunciación Dont, no De Jont). Ciertamente, hay la posibilidad de que muchas organizaciones provinciales aprovechen estas disposiciones para obtener puestos, lo que incrementará aún más la falta de representatividad y facilitará enormemente la compraventa de votos.
Una máxima sostiene que sin partidos no hay democracia. Nuestro país da testimonio de esta
