Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana...
Multibarbaridades
En una sola semana tres temas reflejaron la caótica situación nacional. Primero, mientras el demoledor de la convivencia ciudadana de octubre y junio fue a lo concreto y exigió reparación material por sus acciones, el presidente de la República se inclinó por el simbolismo al escoger la demolición de un edificio como máxima expresión de su política de seguridad. Al mismo tiempo, pero esta vez sin entender el simbolismo, coloca a un subalterno como ministro por encima de los generales.
El segundo fue el viaje a Rusia de un grupo perfectamente representativo de la mediocridad imperante en la Asamblea. Se entiende que no lo hicieron en un tour organizado por una agencia de viajes, ni que los costos de pasajes, viáticos y souvenirs salieron de sus bolsillos. Es obvio que fueron como representantes de uno de los poderes del Estado, lo que le dio a su viaje el carácter de misión oficial. Por tanto, debería ser explicado no solo por quienes participaron en este, sino principalmente por el presidente de la Asamblea y por el Consejo de Administración Legislativa, ya que contraviene la posición oficial del Estado ecuatoriano, de condena a la invasión rusa a Ucrania. Según se conoce hubo una observación previa de la Cancillería, pero fue ignorada por las autoridades legislativas en una muestra más de su concepto de respeto a la institucionalidad.
El tercero, el más importante, lo protagonizaron los participantes en las mesas de diálogo del Gobierno con las organizaciones indígenas. En conjunto, cantaron victoria porque habían llegado a un acuerdo en el tema de la educación. La resolución otorga la “autonomía completa, orgánica y política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe”. Esto significa que, de aquí en adelante, el ministerio –vale decir, el Gobierno y el Estado en general– abandona parcialmente su responsabilidad de garantizar la educación universal, que es una de las funciones básicas del régimen democrático. Además, en el caso concreto ecuatoriano la Constitución es exhaustiva en este tema. Les habría bastado una breve lectura de los artículos 3, 26, 27, 28, 29, 46 de ese texto (sin mencionar todos los referidos a interculturalidad) para darse cuenta de la barbaridad que estaban firmando. Con esto se estableció una forma extraña que podría calificarse como privatización social y que puede traer larga cola.
Lo más grave es que esta decisión tendrá un efecto nefasto en el avance hacia una sociedad multicultural, que ha sido un objetivo nacional desde la última década del siglo pasado. Dicho de manera sintética, lo multi alude a la convivencia de culturas dentro de un orden compartido, lo que significa diálogo, interacción y enriquecimiento cultural mutuo. Por el contrario, lo que se ha acordado en esa mesa de diálogo propicia la ruptura y desconoce los fundamentos que le dan su nombre al Sistema de Educación Intercultural, con la partícula inter como elemento integrador. Hay que esperar que las propias organizaciones indígenas tomen conciencia de la dirección equivocada y suicida de su actual dirigencia radical y no haya que volver a los primeros tiempos del país, cuando se reconocía una “república de indios” como un ente marginado del conjunto.
Desde varios lados, desde el Gobierno, desde la Asamblea, desde las organizaciones indígenas, la semana fue una lluvia de multibarbaridades
Multibarbaridades
En una sola semana tres temas reflejaron la caótica situación nacional. Primero, mientras el demoledor de la convivencia ciudadana de octubre y junio fue a lo concreto y exigió reparación material por sus acciones, el presidente de la República se inclinó por el simbolismo al escoger la demolición de un edificio como máxima expresión de su política de seguridad. Al mismo tiempo, pero esta vez sin entender el simbolismo, coloca a un subalterno como ministro por encima de los generales.
El segundo fue el viaje a Rusia de un grupo perfectamente representativo de la mediocridad imperante en la Asamblea. Se entiende que no lo hicieron en un tour organizado por una agencia de viajes, ni que los costos de pasajes, viáticos y souvenirs salieron de sus bolsillos. Es obvio que fueron como representantes de uno de los poderes del Estado, lo que le dio a su viaje el carácter de misión oficial. Por tanto, debería ser explicado no solo por quienes participaron en este, sino principalmente por el presidente de la Asamblea y por el Consejo de Administración Legislativa, ya que contraviene la posición oficial del Estado ecuatoriano, de condena a la invasión rusa a Ucrania. Según se conoce hubo una observación previa de la Cancillería, pero fue ignorada por las autoridades legislativas en una muestra más de su concepto de respeto a la institucionalidad.
El tercero, el más importante, lo protagonizaron los participantes en las mesas de diálogo del Gobierno con las organizaciones indígenas. En conjunto, cantaron victoria porque habían llegado a un acuerdo en el tema de la educación. La resolución otorga la “autonomía completa, orgánica y política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe”. Esto significa que, de aquí en adelante, el ministerio –vale decir, el Gobierno y el Estado en general– abandona parcialmente su responsabilidad de garantizar la educación universal, que es una de las funciones básicas del régimen democrático. Además, en el caso concreto ecuatoriano la Constitución es exhaustiva en este tema. Les habría bastado una breve lectura de los artículos 3, 26, 27, 28, 29, 46 de ese texto (sin mencionar todos los referidos a interculturalidad) para darse cuenta de la barbaridad que estaban firmando. Con esto se estableció una forma extraña que podría calificarse como privatización social y que puede traer larga cola.
Lo más grave es que esta decisión tendrá un efecto nefasto en el avance hacia una sociedad multicultural, que ha sido un objetivo nacional desde la última década del siglo pasado. Dicho de manera sintética, lo multi alude a la convivencia de culturas dentro de un orden compartido, lo que significa diálogo, interacción y enriquecimiento cultural mutuo. Por el contrario, lo que se ha acordado en esa mesa de diálogo propicia la ruptura y desconoce los fundamentos que le dan su nombre al Sistema de Educación Intercultural, con la partícula inter como elemento integrador. Hay que esperar que las propias organizaciones indígenas tomen conciencia de la dirección equivocada y suicida de su actual dirigencia radical y no haya que volver a los primeros tiempos del país, cuando se reconocía una “república de indios” como un ente marginado del conjunto.
Desde varios lados, desde el Gobierno, desde la Asamblea, desde las organizaciones indígenas, la semana fue una lluvia de multibarbaridades
... y el de la semana pasada
Infodemia
La indignación generalizada ante lo sucedido con la abogada María Belén Bernal puede ser un indicador positivo de cierta capacidad de reacción colectiva. Es alentador que variados sectores de la sociedad condenen unos hechos que, por principios básicos de convivencia social y no solo por prescripción legal, deberían ser rechazados por cualquier conglomerado humano. La agresión a otra persona, quienquiera que sea, debería ser motivo suficiente para la condena social y para exigir la acción de las autoridades. Sería ideal que esta reacción se produjera ante todos y cada uno de los hechos que se suceden día tras día, especialmente en contra de las mujeres. Pero, desafortunadamente, eso no ocurre.
En este caso debieron concurrir varios factores para que se produzca esa reacción. Cabe destacar el primero y más importante: el lugar y las condiciones en que ocurrió el hecho o, más precisamente, en que se inició la cadena que concluyó en el asesinato. Que haya sido en un recinto policial –sin los supuestos atenuantes del “intento de fuga” o de “resistencia a la autoridad” esgrimidos por gobiernos autoritarios aquí y en otras latitudes– constituye un hecho gravísimo que requiere de reformas profundas y no solo de explicaciones. Todo el entorno, con fiesta interna, relajamiento de seguridades en la entrada y salida de las personas, acomodaticia interpretación de las jerarquías y el siempre maloliente espíritu de cuerpo, hablan de algo más complejo que la actuación delictiva de un mal elemento. Resulta más condenable el asunto cuando hay testimonios que aseguran que por lo menos una veintena de personas oyeron lo que sucedía y, ni en su condición de policías, mucho menos de seres humanos, movieron un dedo por impedir que siguiera adelante. Que en asuntos de pareja no se debe intervenir, es una frase que nos retrata como sociedad machista, indolente y permisiva.
Pero no solo fue el hecho lo que nos puso frente a la cara más aborrecible del país. Los comentarios en redes sociales ensuciaron más ese rostro y completaron el cuadro nefasto. La rabia inevitable se alimentó más de los prejuicios y de las pasiones políticas que del análisis de lo acontecido. Antes de que se conociera el desenlace ya se lo calificó como femicidio y no faltaron quienes dictaminaron que se trataba de un crimen de Estado. Muy pocos estuvieron abiertos a escuchar argumentos y muchos menos a proporcionarlos. Incluso las respuestas de las autoridades carecieron de argumentos y dejaron ver que eran fruto de la improvisación. Acusar a la Policía en su totalidad, que fue el recurso más socorrido, demuestra oportunismo. Exonerarla sin reconocer las causas y los errores demuestra improvisación. De una y otra manera se alejó la posibilidad de encontrar explicaciones y aplicar sanciones y soluciones.
Lo sucedido en este caso corrobora el diagnóstico sobre las redes sociales que hace el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. En esas redes, que ya son la principal fuente de información y expresión para una amplia proporción de la población mundial, se han cerrado los oídos. La afirmación de posiciones individuales, la negativa a escuchar y la inexistencia de diálogo impiden la construcción acuerdos mínimos. La infodemia –la reproducción viral y acrítica de la información– construye la infocracia, el nuevo monstruo que amenaza a la democracia.
Infodemia
La indignación generalizada ante lo sucedido con la abogada María Belén Bernal puede ser un indicador positivo de cierta capacidad de reacción colectiva. Es alentador que variados sectores de la sociedad condenen unos hechos que, por principios básicos de convivencia social y no solo por prescripción legal, deberían ser rechazados por cualquier conglomerado humano. La agresión a otra persona, quienquiera que sea, debería ser motivo suficiente para la condena social y para exigir la acción de las autoridades. Sería ideal que esta reacción se produjera ante todos y cada uno de los hechos que se suceden día tras día, especialmente en contra de las mujeres. Pero, desafortunadamente, eso no ocurre.
En este caso debieron concurrir varios factores para que se produzca esa reacción. Cabe destacar el primero y más importante: el lugar y las condiciones en que ocurrió el hecho o, más precisamente, en que se inició la cadena que concluyó en el asesinato. Que haya sido en un recinto policial –sin los supuestos atenuantes del “intento de fuga” o de “resistencia a la autoridad” esgrimidos por gobiernos autoritarios aquí y en otras latitudes– constituye un hecho gravísimo que requiere de reformas profundas y no solo de explicaciones. Todo el entorno, con fiesta interna, relajamiento de seguridades en la entrada y salida de las personas, acomodaticia interpretación de las jerarquías y el siempre maloliente espíritu de cuerpo, hablan de algo más complejo que la actuación delictiva de un mal elemento. Resulta más condenable el asunto cuando hay testimonios que aseguran que por lo menos una veintena de personas oyeron lo que sucedía y, ni en su condición de policías, mucho menos de seres humanos, movieron un dedo por impedir que siguiera adelante. Que en asuntos de pareja no se debe intervenir, es una frase que nos retrata como sociedad machista, indolente y permisiva.
Pero no solo fue el hecho lo que nos puso frente a la cara más aborrecible del país. Los comentarios en redes sociales ensuciaron más ese rostro y completaron el cuadro nefasto. La rabia inevitable se alimentó más de los prejuicios y de las pasiones políticas que del análisis de lo acontecido. Antes de que se conociera el desenlace ya se lo calificó como femicidio y no faltaron quienes dictaminaron que se trataba de un crimen de Estado. Muy pocos estuvieron abiertos a escuchar argumentos y muchos menos a proporcionarlos. Incluso las respuestas de las autoridades carecieron de argumentos y dejaron ver que eran fruto de la improvisación. Acusar a la Policía en su totalidad, que fue el recurso más socorrido, demuestra oportunismo. Exonerarla sin reconocer las causas y los errores demuestra improvisación. De una y otra manera se alejó la posibilidad de encontrar explicaciones y aplicar sanciones y soluciones.
Lo sucedido en este caso corrobora el diagnóstico sobre las redes sociales que hace el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. En esas redes, que ya son la principal fuente de información y expresión para una amplia proporción de la población mundial, se han cerrado los oídos. La afirmación de posiciones individuales, la negativa a escuchar y la inexistencia de diálogo impiden la construcción acuerdos mínimos. La infodemia –la reproducción viral y acrítica de la información– construye la infocracia, el nuevo monstruo que amenaza a la democracia.
