Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana...
Mediocridad
Muchas explicaciones se han propuesto para aclarar el rosario interminable de torpezas cometido por los y las asambleístas que promueven el enjuiciamiento político del presidente de la República. La más generalizada –y a la vez la más generosa con este grupo– es la que sostiene que, debido a que el objetivo es poner fin al mandato de Guillermo Lasso y, ya que supuestamente cuentan con los votos necesarios, no tienen para qué ceñirse a formalismos legales. Como dijo una de las integrantes de la comisión conformada para ese fin, si lo que importa es deponerlo, el motivo ya se encontrará en el camino. Otra explicación es la que sostiene que todo el enredo montado por la comisión y sus asesores, al que se unieron los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y contó con los votos necesarios en el pleno, se debe a una componenda con el Gobierno. En palabras sencillas, sería puro tongo.
Aunque en principio esta última parece delirante, no debe ser dejada de lado, ya que puede ser la manera de esconder las motivaciones de fondo de gran parte de los asambleístas. A pesar de la predominante mediocridad, todos ellos saben que el juicio político al presidente es imposible en el marco de la Constitución vigente. Esta le da al primer mandatario la facultad de disolver la Asamblea en cualquier momento, incluso cuando esta le está juzgando. En ese caso, ellos quedarían fuera de juego y, por efecto de su deplorable desempeño en este periodo, tendrían nula posibilidad de volver a ese espacio. Por tanto, el tongo no se originaría en un acuerdo entre algunas de las bancadas y el Gobierno, sino en el comprensible temor de perder el puesto con todas las ventajas y canonjías que este les asegura. Esto explicaría que esas personas y sus asesores a lo largo de varias semanas no han podido elaborar algo medianamente coherente y apegado a las normas vigentes.
Si esto fuera así, lo más probable sería que el desenlace de este episodio se produjera en la Corte Constitucional, que se vería obligada a rechazar o descartar (o algún sinónimo del lenguaje jurídico) un documento que no serviría siquiera para aprobar el primer año de bachillerato. Con ello, los grupos que se embarcaron en la aventura del juicio político porque creyeron que los vientos soplaban en esa dirección buscarían salvar su imagen al afirmar que hicieron lo posible pero que la Corte se los impidió.
Todo esto suena bastante lógico, pero no es suficiente para comprender el papel de los impulsores del juicio en toda esta cadena de torpezas. Ellos han conducido todo el proceso, tuvieron mayoría absoluta en la comisión que elaboró, reelaboró, corrigió y saturó de errores el documento, se impuso en el CAL y constituye la primera mayoría relativa en la Asamblea. Todo eso estuvo guiado por su objetivo central, que es instalar un gobierno débil, al que puedan obligarle a conformar la famosa comisión de la verdad para limpiar la imagen de los corruptos. Por tanto, cuesta aceptar que las torpezas provengan exclusiva o principalmente de la ambición de permanencia de los otros. Posiblemente solo queda reconocer la validez del principio conocido como la navaja de Ockham, que sostiene que, frente a dos o más explicaciones contrapuestas, la respuesta adecuada es la más sencilla. En este caso, la respuesta cabe en una palabra: mediocridad.
Mediocridad
Muchas explicaciones se han propuesto para aclarar el rosario interminable de torpezas cometido por los y las asambleístas que promueven el enjuiciamiento político del presidente de la República. La más generalizada –y a la vez la más generosa con este grupo– es la que sostiene que, debido a que el objetivo es poner fin al mandato de Guillermo Lasso y, ya que supuestamente cuentan con los votos necesarios, no tienen para qué ceñirse a formalismos legales. Como dijo una de las integrantes de la comisión conformada para ese fin, si lo que importa es deponerlo, el motivo ya se encontrará en el camino. Otra explicación es la que sostiene que todo el enredo montado por la comisión y sus asesores, al que se unieron los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y contó con los votos necesarios en el pleno, se debe a una componenda con el Gobierno. En palabras sencillas, sería puro tongo.
Aunque en principio esta última parece delirante, no debe ser dejada de lado, ya que puede ser la manera de esconder las motivaciones de fondo de gran parte de los asambleístas. A pesar de la predominante mediocridad, todos ellos saben que el juicio político al presidente es imposible en el marco de la Constitución vigente. Esta le da al primer mandatario la facultad de disolver la Asamblea en cualquier momento, incluso cuando esta le está juzgando. En ese caso, ellos quedarían fuera de juego y, por efecto de su deplorable desempeño en este periodo, tendrían nula posibilidad de volver a ese espacio. Por tanto, el tongo no se originaría en un acuerdo entre algunas de las bancadas y el Gobierno, sino en el comprensible temor de perder el puesto con todas las ventajas y canonjías que este les asegura. Esto explicaría que esas personas y sus asesores a lo largo de varias semanas no han podido elaborar algo medianamente coherente y apegado a las normas vigentes.
Si esto fuera así, lo más probable sería que el desenlace de este episodio se produjera en la Corte Constitucional, que se vería obligada a rechazar o descartar (o algún sinónimo del lenguaje jurídico) un documento que no serviría siquiera para aprobar el primer año de bachillerato. Con ello, los grupos que se embarcaron en la aventura del juicio político porque creyeron que los vientos soplaban en esa dirección buscarían salvar su imagen al afirmar que hicieron lo posible pero que la Corte se los impidió.
Todo esto suena bastante lógico, pero no es suficiente para comprender el papel de los impulsores del juicio en toda esta cadena de torpezas. Ellos han conducido todo el proceso, tuvieron mayoría absoluta en la comisión que elaboró, reelaboró, corrigió y saturó de errores el documento, se impuso en el CAL y constituye la primera mayoría relativa en la Asamblea. Todo eso estuvo guiado por su objetivo central, que es instalar un gobierno débil, al que puedan obligarle a conformar la famosa comisión de la verdad para limpiar la imagen de los corruptos. Por tanto, cuesta aceptar que las torpezas provengan exclusiva o principalmente de la ambición de permanencia de los otros. Posiblemente solo queda reconocer la validez del principio conocido como la navaja de Ockham, que sostiene que, frente a dos o más explicaciones contrapuestas, la respuesta adecuada es la más sencilla. En este caso, la respuesta cabe en una palabra: mediocridad.
... y el de la semana pasada
Errores, confianza e inseguridad
Una disputa, una pelea, una batalla pueden ganarse por los errores del contradictor, contendiente o enemigo más que por los aciertos propios. En eso coinciden los teóricos de la guerra, los asesores políticos y toda la masa que gira alrededor de la publicidad. Y es ese principio el que, hasta ahora, le ha permitido al Gobierno sobrevivir sin hacer méritos para ello. Hay que recalcarlo, hasta ahora, porque a pesar de la torpeza de sus adversarios y de los esfuerzos del ministro de Gobierno, podemos estar cerca al momento en que el balance ya no sea entre pasividad propia y errores ajenos, sino entre errores de lado y lado. Es verdad que la inercia del Gobierno ha servido para que se vea con nitidez la mediocridad de la oposición, expresada en la Asamblea. Pero, esa estrategia (por llamarla así, aunque más preciso sería calificarla como descuido) parece haber alcanzado su límite con la formalización del juicio político y, aunque parezca algo ajeno, con la fuga de la exministra Duarte.
No cabe redundar en todas las barbaridades que se hicieron en el proceso que antecedió a la presentación del juicio y que se materializan en el documento aprobado. La lectura de este último da cuenta del nivel de analfabetismo (no solo judicial, como lo calificó un connotado jurista) de quienes lo redactaron, así como de quienes lo firmaron. Pero el hecho de que con una pieza de tanta pobreza intelectual hayan logrado llegar hasta ese punto demuestra que la ignorancia que les caracteriza y las torpezas que cometen no son suficientes para detenerlos. La esperanza del Gobierno está puesta en el dictamen de la Corte Constitucional, que supuestamente no permitiría que pase algo tan burdo como esa iniciativa. Es una hipótesis que se asienta en la confianza que proporciona la formación de los magistrados que la conforman, lo que equivale a dejar, nuevamente, que las cosas se definan por los errores ajenos y no por las acciones propias.
Pero, como lo ha dicho abiertamente la más radical y torpe (y por ello la más sincera) de las integrantes de la comisión que elaboró el informe, la decisión de la Corte será para ese grupo solo un detalle secundario. Si cierra el paso al juicio queda el recurso de la calle, donde entra a jugar el que sabe de estas cosas (aunque en esta ocasión le toque hacer el papel de tonto útil y le coloque al movimiento indígena en una situación precaria como la que vivió a partir de su colaboración con Gutiérrez). En ese caso, con saqueos y violencia, buscarían forzar el arbitraje militar y no se limitarían a la salida de Lasso, sino que destituirían también al vicepresidente para colocar, como monigote, a quien tan bien les sirve desde la presidencia de la Asamblea.
La fuga de la exministra –condenada por cohecho y sin asomo de ser perseguida política– arroja luz sobre el nivel al que pueden llegar. La propia incontinencia verbal de Correa y la presentación de ella en la embajada argentina en Venezuela demuestran que se trató de una acción muy bien coordinada y de alcance internacional. Si tienen la capacidad para hacer eso quiere decir que no solamente cometen errores, sino que pueden obtener triunfos que dejan mal parado al Gobierno y al país. Es una ingenuidad confiar en los errores derivados de la mediocridad de los otros.
Errores, confianza e inseguridad
Una disputa, una pelea, una batalla pueden ganarse por los errores del contradictor, contendiente o enemigo más que por los aciertos propios. En eso coinciden los teóricos de la guerra, los asesores políticos y toda la masa que gira alrededor de la publicidad. Y es ese principio el que, hasta ahora, le ha permitido al Gobierno sobrevivir sin hacer méritos para ello. Hay que recalcarlo, hasta ahora, porque a pesar de la torpeza de sus adversarios y de los esfuerzos del ministro de Gobierno, podemos estar cerca al momento en que el balance ya no sea entre pasividad propia y errores ajenos, sino entre errores de lado y lado. Es verdad que la inercia del Gobierno ha servido para que se vea con nitidez la mediocridad de la oposición, expresada en la Asamblea. Pero, esa estrategia (por llamarla así, aunque más preciso sería calificarla como descuido) parece haber alcanzado su límite con la formalización del juicio político y, aunque parezca algo ajeno, con la fuga de la exministra Duarte.
No cabe redundar en todas las barbaridades que se hicieron en el proceso que antecedió a la presentación del juicio y que se materializan en el documento aprobado. La lectura de este último da cuenta del nivel de analfabetismo (no solo judicial, como lo calificó un connotado jurista) de quienes lo redactaron, así como de quienes lo firmaron. Pero el hecho de que con una pieza de tanta pobreza intelectual hayan logrado llegar hasta ese punto demuestra que la ignorancia que les caracteriza y las torpezas que cometen no son suficientes para detenerlos. La esperanza del Gobierno está puesta en el dictamen de la Corte Constitucional, que supuestamente no permitiría que pase algo tan burdo como esa iniciativa. Es una hipótesis que se asienta en la confianza que proporciona la formación de los magistrados que la conforman, lo que equivale a dejar, nuevamente, que las cosas se definan por los errores ajenos y no por las acciones propias.
Pero, como lo ha dicho abiertamente la más radical y torpe (y por ello la más sincera) de las integrantes de la comisión que elaboró el informe, la decisión de la Corte será para ese grupo solo un detalle secundario. Si cierra el paso al juicio queda el recurso de la calle, donde entra a jugar el que sabe de estas cosas (aunque en esta ocasión le toque hacer el papel de tonto útil y le coloque al movimiento indígena en una situación precaria como la que vivió a partir de su colaboración con Gutiérrez). En ese caso, con saqueos y violencia, buscarían forzar el arbitraje militar y no se limitarían a la salida de Lasso, sino que destituirían también al vicepresidente para colocar, como monigote, a quien tan bien les sirve desde la presidencia de la Asamblea.
La fuga de la exministra –condenada por cohecho y sin asomo de ser perseguida política– arroja luz sobre el nivel al que pueden llegar. La propia incontinencia verbal de Correa y la presentación de ella en la embajada argentina en Venezuela demuestran que se trató de una acción muy bien coordinada y de alcance internacional. Si tienen la capacidad para hacer eso quiere decir que no solamente cometen errores, sino que pueden obtener triunfos que dejan mal parado al Gobierno y al país. Es una ingenuidad confiar en los errores derivados de la mediocridad de los otros.
