Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana..
RBU
En la campaña electoral, en la que ya estamos inmersos, aterrizó la idea de una renta básica universal, RBU. Sus impulsores han anunciado su presentación como proyecto de ley en la Asamblea y han identificado al Banco Central como la fuente de los recursos necesarios para cubrirla. De inmediato, el tema saltó al centro del debate y seguramente ocupará ese lugar por un buen tiempo. Pero, antes de entrar en eso, cabe considerar algunos antecedentes de la iniciativa y sopesar sus posibles efectos.
La RBU es una idea que venía dando vueltas por el mundo en los últimos años y cobró fuerza cuando se hicieron evidentes los efectos de la pandemia. Varios organismos de Naciones Unidas se hicieron eco y sugirieron su aplicación no solamente para enfrentar el desempleo y el incremento de los niveles de pobreza, sino también para evitar los estallidos sociales. Es, sin duda, una propuesta atractiva si se la considera en términos de equidad y de justicia social, pero también da lugar a varias objeciones.
Una de esas observaciones es de fondo, y se refiere a la concepción misma de un ingreso que se asigna sin la contraprestación de un esfuerzo (el trabajo) por parte de las personas que la reciben. El cuestionamiento destaca la posibilidad de que una renta obtenida a cambio de nada puede contribuir a crear –o a consolidar– grandes segmentos ociosos de la población que no tendrían incentivos para buscar trabajo. Sobre todo, sostienen los objetores, no se crearían las condiciones para que quienes la reciban puedan salir de la pobreza. En síntesis, la RBU sería un círculo vicioso que llevaría a consolidar bolsones de pobreza en la sociedad.
La segunda objeción es esencialmente práctica y apunta al origen de los recursos necesarios para esa renta. Algunos economistas responden con la receta, siempre disponible, de obtenerlos por medio del control de la evasión fiscal. Esto suena muy atractivo y lleno de justicia, pero en muy pocos lugares se lo ha logrado materializar. Otros proponen que sea una renta prácticamente virtual, consistente en un título con el que los beneficiarios pueden pagar únicamente algunos servicios básicos. Por tanto, en este último caso, no hay el desembolso real de dinero, sino la entrega gratuita de servicios, lo que quiere decir que es un subsidio a cargo del Estado.
El aterrizaje en nuestro medio ha abierto el debate en este último aspecto, ya que la propuesta de utilizar las reservas del Banco Central como respaldo para una forma de dinero electrónico significaría un paso hacia la desdolarización. En efecto, su disponibilidad en manos de un amplio segmento de la población (se habla de uno a dos millones de personas) podría acabar con la dolarización. Por tanto, se fortalecería el círculo vicioso señalado antes y afectaría no solamente a los receptores de la renta básica universal, sino a toda la población y a la economía nacional (a lo que se añade el monto que se debe destinar del presupuesto estatal).
Por otra parte, el objetivo de la presentación como proyecto de ley es no solamente colocar un tema de campaña como quien no quiere la cosa, sino sobre todo poner entre la espada y la pared a los demás partidos. Seguramente muchos picarán el anzuelo.
RBU
En la campaña electoral, en la que ya estamos inmersos, aterrizó la idea de una renta básica universal, RBU. Sus impulsores han anunciado su presentación como proyecto de ley en la Asamblea y han identificado al Banco Central como la fuente de los recursos necesarios para cubrirla. De inmediato, el tema saltó al centro del debate y seguramente ocupará ese lugar por un buen tiempo. Pero, antes de entrar en eso, cabe considerar algunos antecedentes de la iniciativa y sopesar sus posibles efectos.
La RBU es una idea que venía dando vueltas por el mundo en los últimos años y cobró fuerza cuando se hicieron evidentes los efectos de la pandemia. Varios organismos de Naciones Unidas se hicieron eco y sugirieron su aplicación no solamente para enfrentar el desempleo y el incremento de los niveles de pobreza, sino también para evitar los estallidos sociales. Es, sin duda, una propuesta atractiva si se la considera en términos de equidad y de justicia social, pero también da lugar a varias objeciones.
Una de esas observaciones es de fondo, y se refiere a la concepción misma de un ingreso que se asigna sin la contraprestación de un esfuerzo (el trabajo) por parte de las personas que la reciben. El cuestionamiento destaca la posibilidad de que una renta obtenida a cambio de nada puede contribuir a crear –o a consolidar– grandes segmentos ociosos de la población que no tendrían incentivos para buscar trabajo. Sobre todo, sostienen los objetores, no se crearían las condiciones para que quienes la reciban puedan salir de la pobreza. En síntesis, la RBU sería un círculo vicioso que llevaría a consolidar bolsones de pobreza en la sociedad.
La segunda objeción es esencialmente práctica y apunta al origen de los recursos necesarios para esa renta. Algunos economistas responden con la receta, siempre disponible, de obtenerlos por medio del control de la evasión fiscal. Esto suena muy atractivo y lleno de justicia, pero en muy pocos lugares se lo ha logrado materializar. Otros proponen que sea una renta prácticamente virtual, consistente en un título con el que los beneficiarios pueden pagar únicamente algunos servicios básicos. Por tanto, en este último caso, no hay el desembolso real de dinero, sino la entrega gratuita de servicios, lo que quiere decir que es un subsidio a cargo del Estado.
El aterrizaje en nuestro medio ha abierto el debate en este último aspecto, ya que la propuesta de utilizar las reservas del Banco Central como respaldo para una forma de dinero electrónico significaría un paso hacia la desdolarización. En efecto, su disponibilidad en manos de un amplio segmento de la población (se habla de uno a dos millones de personas) podría acabar con la dolarización. Por tanto, se fortalecería el círculo vicioso señalado antes y afectaría no solamente a los receptores de la renta básica universal, sino a toda la población y a la economía nacional (a lo que se añade el monto que se debe destinar del presupuesto estatal).
Por otra parte, el objetivo de la presentación como proyecto de ley es no solamente colocar un tema de campaña como quien no quiere la cosa, sino sobre todo poner entre la espada y la pared a los demás partidos. Seguramente muchos picarán el anzuelo.
... y el de la semana pasada
Cola de león
Dos juicios políticos han quedado como hitos en la historia ecuatoriana. El uno como ejemplo de la política seria e ideológica, el otro como acto inaugural del folclorismo y la astucia. El primero, realizado a mediados del siglo pasado, fue protagonizado por el ministro de Gobierno Camilo Ponce, que logró volcar la mayoría a su favor y le dio el oxígeno que necesitaba el presidente Velasco. El segundo, realizado cuando se iniciaba el actual régimen democrático, tuvo como actor central a León Febres-Cordero, que lanzó toda su artillería contra el ministro de Gobierno Carlos Feraud por la compra de unas muñecas de trapo.
Suena redundante, pero no está demás decir que el objetivo fundamental de un juicio político es político. Aunque utiliza ciertos procedimientos de los procesos que se realizan en los juzgados, difiere de ellos en el objetivo que persigue. Su función básica es sancionar a una autoridad por incumplimiento de funciones o por un delito evidente. Su efecto no puede llegar más allá de la destitución o, en casos extremos, a la presentación de pruebas en la Fiscalía. Lo que importa verdaderamente son los réditos políticos que esperan obtener quienes lo impulsan, sin menospreciar los que puede conseguir el interpelado por la oportunidad que se le presenta.
Por todo ello, cabe preguntarse a quién beneficia el juicio a la ministra María Paula Romo. La respuesta es obvia en lo que se refiere al correísmo. Para ellos es el paso inicial en el largo proceso de juzgamiento por la traición de la que acusan al Gobierno. Es una posición comprensible, que solo esperaba la oportunidad para materializarse. Incluso se puede entender que tomen ese camino algunos integrantes del ya inexistente bloque de Alianza PAIS que intentan alejarse del Gobierno. Su cálculo inmediato es electoral, por un lado; y es instintivo, por otro lado, ya que intentan saltar del buque gubernamental que zozobra. Pero, no hay explicación para los otros bloques legislativos. Aparte de enconos personales que los llevan a actuar hepáticamente, ninguno de ellos tiene objetivos políticos propios, de modo que terminan alimentando la estrategia de los que sí lo tienen.
Aquellos, los que navegan con bandera de ingenuos (la palabra adecuada es más dura), no solo van a darle un triunfo a quien los vapuleó durante diez años, sino que lograrán que se imponga el relato de que el Gobierno hizo uso indiscriminado de la fuerza. Esa es la imagen que quieren instalar quienes sí tienen claro el objetivo político, y lo van a lograr con los votos de los que van a la cola. Ilusamente van a terminar santificando los hechos de octubre que en ese momento condenaron. La censura, en caso de ocurrir, lavará la cara de quienes secuestraron, incendiaron, pidieron a los militares quitarle apoyo al “patojo de mierda” e intentaron el golpe.
A la ministra se la enjuicia supuestamente por la utilización de unas bombas lacrimógenas caducadas. Un pretexto banal como fueron las muñecas de trapo. Hay que recordarles que, en la elección posterior a ese episodio, la Izquierda Democrática vio cómo el interpelante, al que puerilmente apoyaron, les ganaba la Presidencia. Algo debe haber influido la decisión de convertirse en cola de león.
Cola de león
Dos juicios políticos han quedado como hitos en la historia ecuatoriana. El uno como ejemplo de la política seria e ideológica, el otro como acto inaugural del folclorismo y la astucia. El primero, realizado a mediados del siglo pasado, fue protagonizado por el ministro de Gobierno Camilo Ponce, que logró volcar la mayoría a su favor y le dio el oxígeno que necesitaba el presidente Velasco. El segundo, realizado cuando se iniciaba el actual régimen democrático, tuvo como actor central a León Febres-Cordero, que lanzó toda su artillería contra el ministro de Gobierno Carlos Feraud por la compra de unas muñecas de trapo.
Suena redundante, pero no está demás decir que el objetivo fundamental de un juicio político es político. Aunque utiliza ciertos procedimientos de los procesos que se realizan en los juzgados, difiere de ellos en el objetivo que persigue. Su función básica es sancionar a una autoridad por incumplimiento de funciones o por un delito evidente. Su efecto no puede llegar más allá de la destitución o, en casos extremos, a la presentación de pruebas en la Fiscalía. Lo que importa verdaderamente son los réditos políticos que esperan obtener quienes lo impulsan, sin menospreciar los que puede conseguir el interpelado por la oportunidad que se le presenta.
Por todo ello, cabe preguntarse a quién beneficia el juicio a la ministra María Paula Romo. La respuesta es obvia en lo que se refiere al correísmo. Para ellos es el paso inicial en el largo proceso de juzgamiento por la traición de la que acusan al Gobierno. Es una posición comprensible, que solo esperaba la oportunidad para materializarse. Incluso se puede entender que tomen ese camino algunos integrantes del ya inexistente bloque de Alianza PAIS que intentan alejarse del Gobierno. Su cálculo inmediato es electoral, por un lado; y es instintivo, por otro lado, ya que intentan saltar del buque gubernamental que zozobra. Pero, no hay explicación para los otros bloques legislativos. Aparte de enconos personales que los llevan a actuar hepáticamente, ninguno de ellos tiene objetivos políticos propios, de modo que terminan alimentando la estrategia de los que sí lo tienen.
Aquellos, los que navegan con bandera de ingenuos (la palabra adecuada es más dura), no solo van a darle un triunfo a quien los vapuleó durante diez años, sino que lograrán que se imponga el relato de que el Gobierno hizo uso indiscriminado de la fuerza. Esa es la imagen que quieren instalar quienes sí tienen claro el objetivo político, y lo van a lograr con los votos de los que van a la cola. Ilusamente van a terminar santificando los hechos de octubre que en ese momento condenaron. La censura, en caso de ocurrir, lavará la cara de quienes secuestraron, incendiaron, pidieron a los militares quitarle apoyo al “patojo de mierda” e intentaron el golpe.
A la ministra se la enjuicia supuestamente por la utilización de unas bombas lacrimógenas caducadas. Un pretexto banal como fueron las muñecas de trapo. Hay que recordarles que, en la elección posterior a ese episodio, la Izquierda Democrática vio cómo el interpelante, al que puerilmente apoyaron, les ganaba la Presidencia. Algo debe haber influido la decisión de convertirse en cola de león.
