Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana..
Hipocresía
Quienes están empeñados en proponer reformas electorales deberían tomar en serio la danza de millones del arroz podrido que se cocinaba en las oficinas de la Presidencia de la República bajo la vigilancia del chef máximo. La relación entre este hecho corrupto y las leyes de elecciones y de partidos está en el financiamiento de la política. Esta es una actividad que, cuando se la quiere hacer en serio, resulta costosa y cuando se la hace a escondidas, mueve mucho más dinero. Por tanto, algo tiene que ver con la legislación al respecto.
Que un partido cualquiera requiere de recursos para realizar sus actividades es una realidad que solamente por hipocresía no se quiere reconocer y por tanto no se la formaliza con el reconocimiento legal. Disponer de un local por lo menos en cada una de las capitales provinciales supone un costo. Este se incrementa si se quiere que ese local tenga vida, que cuente con personal estable encargado de la administración. Mucho más si se pretende acudir a especialistas para hacer los estudios que el partido necesita para entender al país y, sobre esa base, proponer soluciones. Finalmente, el costo se incrementaría sustancialmente si esa organización decidiera transparentar, no solamente ante la ley y las autoridades, sino frente sus propios seguidores, el carácter profesional de sus dirigentes. Si son personas que viven para la política, lo ideal sería que vivan de la política.
La trama arrocera es una manifestación de los efectos nefastos que tiene la hipocresía en el tratamiento de este asunto. Al no reconocer que la política es una actividad como cualquier otra, se la maneja bajo múltiples disfraces que, como en este caso, facilitan que quienes están acostumbrados a vivir en los espacios pestilentes de la corrupción actúen a sus anchas. Los pagos que deberían aparecer como remuneraciones honestamente ganadas por el trabajo político se ocultan detrás de siglas y códigos con los que se pretende esconder a donantes y receptores. El resultado final es que la política termina como una actividad sucia y relegada a zonas oscuras a las que no puede llegar la mirada de la ciudadanía.
La ley de partidos debe ser revisada en función de esta realidad, especialmente desde el artículo 353 hasta el 369 del pomposamente llamado Código de la Democracia. Es imprescindible que las organizaciones políticas sean tratadas como instituciones de derecho privado, con los mismos derechos y obligaciones que todas las entidades que mantienen personal estable y remunerado. Obviamente, esto no quiere decir que la trama corrupta de los arroceros verdes se tejiera solamente por ausencias y vacíos en la ley, pero sí es muy probable que si hubieran existido disposiciones y procedimientos orientados al sinceramiento y a la transparencia, habría sido menos fácil para ellos y la justicia habría actuado de manera más expedita. Como en todos los campos –e incluso más que en otros–, los entramados institucionales diseñados al amparo de la hipocresía son el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Muchos más si el gobierno lo ejercen bandas delincuenciales.
Hipocresía
Quienes están empeñados en proponer reformas electorales deberían tomar en serio la danza de millones del arroz podrido que se cocinaba en las oficinas de la Presidencia de la República bajo la vigilancia del chef máximo. La relación entre este hecho corrupto y las leyes de elecciones y de partidos está en el financiamiento de la política. Esta es una actividad que, cuando se la quiere hacer en serio, resulta costosa y cuando se la hace a escondidas, mueve mucho más dinero. Por tanto, algo tiene que ver con la legislación al respecto.
Que un partido cualquiera requiere de recursos para realizar sus actividades es una realidad que solamente por hipocresía no se quiere reconocer y por tanto no se la formaliza con el reconocimiento legal. Disponer de un local por lo menos en cada una de las capitales provinciales supone un costo. Este se incrementa si se quiere que ese local tenga vida, que cuente con personal estable encargado de la administración. Mucho más si se pretende acudir a especialistas para hacer los estudios que el partido necesita para entender al país y, sobre esa base, proponer soluciones. Finalmente, el costo se incrementaría sustancialmente si esa organización decidiera transparentar, no solamente ante la ley y las autoridades, sino frente sus propios seguidores, el carácter profesional de sus dirigentes. Si son personas que viven para la política, lo ideal sería que vivan de la política.
La trama arrocera es una manifestación de los efectos nefastos que tiene la hipocresía en el tratamiento de este asunto. Al no reconocer que la política es una actividad como cualquier otra, se la maneja bajo múltiples disfraces que, como en este caso, facilitan que quienes están acostumbrados a vivir en los espacios pestilentes de la corrupción actúen a sus anchas. Los pagos que deberían aparecer como remuneraciones honestamente ganadas por el trabajo político se ocultan detrás de siglas y códigos con los que se pretende esconder a donantes y receptores. El resultado final es que la política termina como una actividad sucia y relegada a zonas oscuras a las que no puede llegar la mirada de la ciudadanía.
La ley de partidos debe ser revisada en función de esta realidad, especialmente desde el artículo 353 hasta el 369 del pomposamente llamado Código de la Democracia. Es imprescindible que las organizaciones políticas sean tratadas como instituciones de derecho privado, con los mismos derechos y obligaciones que todas las entidades que mantienen personal estable y remunerado. Obviamente, esto no quiere decir que la trama corrupta de los arroceros verdes se tejiera solamente por ausencias y vacíos en la ley, pero sí es muy probable que si hubieran existido disposiciones y procedimientos orientados al sinceramiento y a la transparencia, habría sido menos fácil para ellos y la justicia habría actuado de manera más expedita. Como en todos los campos –e incluso más que en otros–, los entramados institucionales diseñados al amparo de la hipocresía son el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Muchos más si el gobierno lo ejercen bandas delincuenciales.
... y el de la semana pasada
Cuña desestabilizadora
La presencia grotesca y bullanguera del cura Tuárez con su fuerza de choque, es solamente la parte folclórica de los problemas que están en el fondo. El principal de estos es de sobra conocido porque ha sido ya suficientemente repetido, y es la propia existencia del CPCCS. Aunque su reconocimiento como un engendro fue tardío por parte de la mayoría de personas, ya no quedan dudas sobre la necesidad de tomar medidas al respecto. Sin embargo, el debate trata hasta ahora casi exclusivamente sobre las vías que deberían utilizarse para su eliminación. Mientras tanto, se deja en segundo plano la definición de la institución –nueva o ya existente– que deba hacerse cargo de sus funciones, especialmente la de selección de un amplio conjunto de autoridades y cargos públicos. La consulta popular o el tratamiento dentro de la Asamblea copan la atención, pero antes de poner en marcha cualquiera de ellas será necesario establecer con precisión el organismo de reemplazo y los procedimientos a los que deberá someterse.
Un segundo problema que está opacado por la figura obscena del cura es el de la inestabilidad e inseguridad que provoca con su actuación. Aunque el individuo no demuestra tener muchas luces, se perfila como alguien suficientemente sagaz como para trazar una estrategia de provocación permanente. Tuvo la habilidad de convertir su exabrupto inicial del tú-a-tú con el presidente de la República en un instrumento que le podía dar muchos réditos. Y lo está logrando. Para ello, viene desarrollando un conjunto de acciones que no se limitan a defender un puesto conseguido con malas mañas, sino que están dirigidas a profundizar el caos institucional. De esa manera, alienta la creación de condiciones para la desestabilización. Esas son las pistas que llevan a pensar en que no actúa solo.
A esto se añade la hábil consulta a juristas respetables que, por un ingenuo purismo legalista, no fueron capaces de considerar el trasfondo político y le dieron armas para continuar en ese proceso de demolición. Las amenazas que se ciernen sobre el Estado de derecho no son principalmente jurídicas, son políticas por encima de todo. Los académicos y los profesionales del derecho no pueden soslayar esa realidad. Aparte de que en el propio campo legal prácticamente hay certezas sobre las limitaciones que tiene el actual Consejo para revisar lo realizado por el de transición, es un absurdo pensar que un organismo que tiene bajísima legitimidad de origen pueda arrogarse las atribuciones de uno que surgió de un mandato popular extraordinario.
Bajo la presidencia de Tuárez, el CPCCS se presenta como la célula cancerosa que fue desde que lo creó la ONG de Montecristi. Es una fuente permanente de alimento para la inseguridad jurídica del país. Su existencia como cuña entre los poderes del Estado es un factor constante de una inestabilidad que solo puede ser contrarrestada cuando todos están bajo el control de un solo individuo. Por ello, no importa si se llega a la destitución de Tuárez, porque él es solamente una astilla de la cuña desestabilizadora.
Cuña desestabilizadora
La presencia grotesca y bullanguera del cura Tuárez con su fuerza de choque, es solamente la parte folclórica de los problemas que están en el fondo. El principal de estos es de sobra conocido porque ha sido ya suficientemente repetido, y es la propia existencia del CPCCS. Aunque su reconocimiento como un engendro fue tardío por parte de la mayoría de personas, ya no quedan dudas sobre la necesidad de tomar medidas al respecto. Sin embargo, el debate trata hasta ahora casi exclusivamente sobre las vías que deberían utilizarse para su eliminación. Mientras tanto, se deja en segundo plano la definición de la institución –nueva o ya existente– que deba hacerse cargo de sus funciones, especialmente la de selección de un amplio conjunto de autoridades y cargos públicos. La consulta popular o el tratamiento dentro de la Asamblea copan la atención, pero antes de poner en marcha cualquiera de ellas será necesario establecer con precisión el organismo de reemplazo y los procedimientos a los que deberá someterse.
Un segundo problema que está opacado por la figura obscena del cura es el de la inestabilidad e inseguridad que provoca con su actuación. Aunque el individuo no demuestra tener muchas luces, se perfila como alguien suficientemente sagaz como para trazar una estrategia de provocación permanente. Tuvo la habilidad de convertir su exabrupto inicial del tú-a-tú con el presidente de la República en un instrumento que le podía dar muchos réditos. Y lo está logrando. Para ello, viene desarrollando un conjunto de acciones que no se limitan a defender un puesto conseguido con malas mañas, sino que están dirigidas a profundizar el caos institucional. De esa manera, alienta la creación de condiciones para la desestabilización. Esas son las pistas que llevan a pensar en que no actúa solo.
A esto se añade la hábil consulta a juristas respetables que, por un ingenuo purismo legalista, no fueron capaces de considerar el trasfondo político y le dieron armas para continuar en ese proceso de demolición. Las amenazas que se ciernen sobre el Estado de derecho no son principalmente jurídicas, son políticas por encima de todo. Los académicos y los profesionales del derecho no pueden soslayar esa realidad. Aparte de que en el propio campo legal prácticamente hay certezas sobre las limitaciones que tiene el actual Consejo para revisar lo realizado por el de transición, es un absurdo pensar que un organismo que tiene bajísima legitimidad de origen pueda arrogarse las atribuciones de uno que surgió de un mandato popular extraordinario.
Bajo la presidencia de Tuárez, el CPCCS se presenta como la célula cancerosa que fue desde que lo creó la ONG de Montecristi. Es una fuente permanente de alimento para la inseguridad jurídica del país. Su existencia como cuña entre los poderes del Estado es un factor constante de una inestabilidad que solo puede ser contrarrestada cuando todos están bajo el control de un solo individuo. Por ello, no importa si se llega a la destitución de Tuárez, porque él es solamente una astilla de la cuña desestabilizadora.
