Mi intención es que el análisis se imponga a la opinión. No siempre lo consigo, pero que quede constancia de mi voluntad.
El lunes de esta semana..
Grabaciones
En perfecta armonía con la presentación de sus candidatos bajo el membrete del movimiento liderado por un individuo procesado y encarcelado (PPL, según el eufemismo revolucionario), el correísmo escogió como su máximo representante al exintegrante de una pandilla urbana. Para no perder la costumbre, retomó la pauta que siguió durante diez años y divulgó la grabación –realizada ilegal y clandestinamente– de una conversación telefónica entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior. En fin, nada que pueda llamar la atención. Esa y no otra es la conducta que se puede esperar de un grupo que hizo del espionaje un instrumento político y del chantaje una práctica cotidiana. Nada más puede provenir de quienes intentan parapetarse en una ideología, que sin ningún respeto han arrastrado por los suelos, para tapar las pillerías generalizadas.
Pero el asunto toma ribetes preocupantes cuando se ve la reacción de los otros sectores e incluso de los medios de comunicación. Como si se diera por hecho que el espionaje es una práctica normal de la política, apenas se ha puesto interés en la utilización de la grabación, en la forma en que fue obtenida y sobre todo en lo que significa que eso ocurra en los niveles más altos de la política. El largo tiempo vivido bajo la vigilancia del gran hermano parece haber convertido en normales a las prácticas más aberrantes. Desde el lado correísta se las ha tratado de justificar comparando con lo sucedido en el caso de una de las diezmeras y en el de los compadritos lindos. Es verdad que en esas ocasiones la divulgación de conversaciones grabadas fue fundamental para las destituciones, pero cabe recordar que estas vinieron desde adentro. Fieles a la práctica vigente en esos tipos de familias, los propios involucrados fueron registrando en audios –y seguramente en videos– las conversaciones que podían ser comprometedoras, y ellos mismos se encargaron de difundirlas.
Si para el conjunto de la sociedad este comportamiento debería ser una causa de carácter ético más que suficiente para rechazar a quienes utilizan esos recursos, para los actores políticos debería ser un llamado de atención sobre el lodazal al que son llevados aun en contra de su voluntad. Ya lo lograron con la presidenta de la Asamblea, que tuvo que buscar justificaciones en nombre de la estabilidad y la gobernabilidad en lugar de apelar a la ética. Lo están logrando también con el gobierno, que ha quedado a la defensiva y sin apoyo seguro, estable y consecuente en la Asamblea. Quedó claro que allí los números son tan variables que no puede asegurar cuántos son los miembros de su bancada y mucho menos confiar en los grupos que podrían beneficiarse de una buena gestión gubernamental. Si a esto se suma la cantidad de rabos de paja que pueden incendiarse con la más pequeña chispa, se completa el dibujo de un panorama penoso, un ambiente propicio para el imperio de esas prácticas a las que nos acostumbraron y que, según se puede ver, no somos capaces de erradicarlas
Grabaciones
En perfecta armonía con la presentación de sus candidatos bajo el membrete del movimiento liderado por un individuo procesado y encarcelado (PPL, según el eufemismo revolucionario), el correísmo escogió como su máximo representante al exintegrante de una pandilla urbana. Para no perder la costumbre, retomó la pauta que siguió durante diez años y divulgó la grabación –realizada ilegal y clandestinamente– de una conversación telefónica entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior. En fin, nada que pueda llamar la atención. Esa y no otra es la conducta que se puede esperar de un grupo que hizo del espionaje un instrumento político y del chantaje una práctica cotidiana. Nada más puede provenir de quienes intentan parapetarse en una ideología, que sin ningún respeto han arrastrado por los suelos, para tapar las pillerías generalizadas.
Pero el asunto toma ribetes preocupantes cuando se ve la reacción de los otros sectores e incluso de los medios de comunicación. Como si se diera por hecho que el espionaje es una práctica normal de la política, apenas se ha puesto interés en la utilización de la grabación, en la forma en que fue obtenida y sobre todo en lo que significa que eso ocurra en los niveles más altos de la política. El largo tiempo vivido bajo la vigilancia del gran hermano parece haber convertido en normales a las prácticas más aberrantes. Desde el lado correísta se las ha tratado de justificar comparando con lo sucedido en el caso de una de las diezmeras y en el de los compadritos lindos. Es verdad que en esas ocasiones la divulgación de conversaciones grabadas fue fundamental para las destituciones, pero cabe recordar que estas vinieron desde adentro. Fieles a la práctica vigente en esos tipos de familias, los propios involucrados fueron registrando en audios –y seguramente en videos– las conversaciones que podían ser comprometedoras, y ellos mismos se encargaron de difundirlas.
Si para el conjunto de la sociedad este comportamiento debería ser una causa de carácter ético más que suficiente para rechazar a quienes utilizan esos recursos, para los actores políticos debería ser un llamado de atención sobre el lodazal al que son llevados aun en contra de su voluntad. Ya lo lograron con la presidenta de la Asamblea, que tuvo que buscar justificaciones en nombre de la estabilidad y la gobernabilidad en lugar de apelar a la ética. Lo están logrando también con el gobierno, que ha quedado a la defensiva y sin apoyo seguro, estable y consecuente en la Asamblea. Quedó claro que allí los números son tan variables que no puede asegurar cuántos son los miembros de su bancada y mucho menos confiar en los grupos que podrían beneficiarse de una buena gestión gubernamental. Si a esto se suma la cantidad de rabos de paja que pueden incendiarse con la más pequeña chispa, se completa el dibujo de un panorama penoso, un ambiente propicio para el imperio de esas prácticas a las que nos acostumbraron y que, según se puede ver, no somos capaces de erradicarlas
... y el de la semana pasada
Fanesca
Ochenta mil es un número que asusta cuando se trata de candidatos. Redondeando, esa es la cifra a la que llega la lista de aspirantes a cargos públicos en la elección del domingo 24. Sin duda, es una enormidad. Pero, antes de atribuirla solamente a la ambición de quienes ven en la elección su medio minuto de fama, hay explicaciones que la hacen menos dramática, pero que demuestran a la vez y contradictoriamente que el problema es más serio.
La primera es que ningún elector tendrá que escoger dentro de ese universo total, ya que deberá hacerlo exclusivamente entre quienes compiten en su circunscripción. Por tanto, la oferta real para cada persona es menor, aunque sigue siendo muy alta tanto en relación a elecciones anteriores como en lo que se refiere a la capacidad de selección y discernimiento de los seres humanos. Es una abundancia que genera confusión, produce decisiones irracionales y arroja resultados contrarios al propio interés. El elector se enfrenta a un quebradero de cabeza, como el de los clientes y consumidores ante el aluvión de marcas en la percha del supermercado o el bombardeo de eslóganes en la televisión. La saturación exige una decisión rápida y desesperada, que se agudiza porque sin el certificado de votación se pierden derechos básicos.
La segunda explicación es el número de cargos en disputa. Son 5.675, a los que se deben sumar suplentes (en concejales, juntas parroquiales, consejeros del CPCCS) y subrogantes (en las prefecturas). En total, si un partido quisiera presentar candidatos a todos los puestos en disputa, necesitaría más de 11.000 personas. El origen de este absurdo proviene del régimen político-administrativo y su correspondiente sistema electoral. El problema central –aunque no el único– se encuentra en una concepción demagógica de los niveles de representación ciudadana, plasmada en la Constitución de 1998 y mantenida en la de 2008, que estableció la elección de los miembros de juntas parroquiales rurales. Son 4.089 integrantes de estas, con sus respectivos suplentes, que apenas disponen de unos cientos de dólares anuales de presupuesto. Demasiadas personas para un cargo ineficiente que debería sustituirse con formas de participación espontánea y libre.
La tercera explicación proviene también de las normas imperantes. Son suficientes las firmas de familiares y amigos cercanos para conformar una organización política y presentar candidaturas. De esas disposiciones provienen los 280 membretes que compiten en esta elección. Si alguien dijo que los partidos son “atajos cognitivos” para que las personas de la calle puedan formarse una opinión y arribar a decisiones, tendría que aclarar que no hablaba de Ecuador. En ese maremágnum es imposible que los partidos, incluso los más viejos y amnésicos herederos de una ideología, puedan orientar a la ciudadanía. La contienda se reduce a personas, rostros, simpatías, campaña publicitaria.
Con esos números no se puede esperar que esta sea una elección que ofrezca certezas sobre el rumbo del país. Anticipándose a la Semana Santa, recibiremos una fanesca hecha por inexpertos, sin receta, con granos crudos, pescado de tres días y leche agria.
Fanesca
Ochenta mil es un número que asusta cuando se trata de candidatos. Redondeando, esa es la cifra a la que llega la lista de aspirantes a cargos públicos en la elección del domingo 24. Sin duda, es una enormidad. Pero, antes de atribuirla solamente a la ambición de quienes ven en la elección su medio minuto de fama, hay explicaciones que la hacen menos dramática, pero que demuestran a la vez y contradictoriamente que el problema es más serio.
La primera es que ningún elector tendrá que escoger dentro de ese universo total, ya que deberá hacerlo exclusivamente entre quienes compiten en su circunscripción. Por tanto, la oferta real para cada persona es menor, aunque sigue siendo muy alta tanto en relación a elecciones anteriores como en lo que se refiere a la capacidad de selección y discernimiento de los seres humanos. Es una abundancia que genera confusión, produce decisiones irracionales y arroja resultados contrarios al propio interés. El elector se enfrenta a un quebradero de cabeza, como el de los clientes y consumidores ante el aluvión de marcas en la percha del supermercado o el bombardeo de eslóganes en la televisión. La saturación exige una decisión rápida y desesperada, que se agudiza porque sin el certificado de votación se pierden derechos básicos.
La segunda explicación es el número de cargos en disputa. Son 5.675, a los que se deben sumar suplentes (en concejales, juntas parroquiales, consejeros del CPCCS) y subrogantes (en las prefecturas). En total, si un partido quisiera presentar candidatos a todos los puestos en disputa, necesitaría más de 11.000 personas. El origen de este absurdo proviene del régimen político-administrativo y su correspondiente sistema electoral. El problema central –aunque no el único– se encuentra en una concepción demagógica de los niveles de representación ciudadana, plasmada en la Constitución de 1998 y mantenida en la de 2008, que estableció la elección de los miembros de juntas parroquiales rurales. Son 4.089 integrantes de estas, con sus respectivos suplentes, que apenas disponen de unos cientos de dólares anuales de presupuesto. Demasiadas personas para un cargo ineficiente que debería sustituirse con formas de participación espontánea y libre.
La tercera explicación proviene también de las normas imperantes. Son suficientes las firmas de familiares y amigos cercanos para conformar una organización política y presentar candidaturas. De esas disposiciones provienen los 280 membretes que compiten en esta elección. Si alguien dijo que los partidos son “atajos cognitivos” para que las personas de la calle puedan formarse una opinión y arribar a decisiones, tendría que aclarar que no hablaba de Ecuador. En ese maremágnum es imposible que los partidos, incluso los más viejos y amnésicos herederos de una ideología, puedan orientar a la ciudadanía. La contienda se reduce a personas, rostros, simpatías, campaña publicitaria.
Con esos números no se puede esperar que esta sea una elección que ofrezca certezas sobre el rumbo del país. Anticipándose a la Semana Santa, recibiremos una fanesca hecha por inexpertos, sin receta, con granos crudos, pescado de tres días y leche agria.
