La semana en Primicias
Un espacio para ejercer la libertad de pensamiento y expresión
El viernes de esta semana
Democracia iliberal
La salida de Roberto Aguilar del diario Expreso es un tema que atañe no solo al periodista y a los directivos de ese medio. Es un hecho político y como tal constituye un asunto de interés -y en este caso debería ser de honda preocupación- para la sociedad. Es político porque, como lo ha dicho él en varias entrevistas, la causa no fue un problema laboral, sino la presión económica que venía ejerciendo el gobierno sobre el diario. Es político porque si el gobierno o cualquier persona hubiera considerado que había sido calumniado habría acudido a las instancias judiciales. No, Aguilar no calumnió. En realidad, él no calumnia. Él indaga, analiza, opina, como debe hacer quien asume la responsabilidad de vivir en sociedad.
Precisamente lo que se ha violado con la presión sobre ese medio es esa capacidad que tenemos las personas, no solo el periodista, para asumir y ejercer esa responsabilidad social. Este es uno de los principios básicos que diferencian a la democracia contemporánea de los autoritarismos (incluso de los que se visten con disfraces democráticos, como los que hemos conocido por estos lados). La libertad de pensamiento y la posibilidad de expresarlo como una opinión es el pilar que sostiene toda la estructura de estos regímenes. Es, junto al derecho a la vida, el elemento central del Estado de derecho. Por consiguiente, cuando se viola este principio se erosiona la convivencia ciudadana.
Usualmente se tiende a calificar a la democracia por la vigencia de las elecciones y, en el mejor de los casos, por la presencia de mandatarios que provienen de la voluntad popular. Pero, esas mismas elecciones y las acciones de esos mandatarios pierden su carácter democrático cuando se violan principios como la libertad de pensamiento y de expresión. Más grave es la situación cuando los gobiernos restringen la opinión y al mismo tiempo manipulan los procesos electorales. Basta mirar a los Maduro, los Bukele, los Ortega, para comprender la magnitud del problema.
Desde comienzos del presente siglo múltiples voces, desde diversos países, vienen advirtiendo sobre la deriva autoritaria que se origina en la erosión del Estado de derecho. Señalan que de esa manera se van configurando democracias iliberales, un vocablo en el que la partícula /i/ señala el carácter negativo del adjetivo (de la misma manera que en ilógico, ilegal, ilícito). La democracia va perdiendo su componente liberal, que es el gran avance de los últimos cien años y el que, a la vez que garantiza la plena vigencia de las libertades y los derechos, establece límites claros para el poder.
Una intervención destinada a silenciar una voz crítica apunta precisamente en esa dirección. El problema se presenta con mayor gravedad si se considera que no ha sido el único paso en ese sentido. Bajo diversas formas —sobre todo por medio de compras sospechosas— se intervino en algunos medios con el claro objetivo de silenciar las disonancias.
Se dirá, con mucha razón que esto comenzó mucho antes, cuando no solo se rompía periódicos en las sabatinas, sino que se perseguía a periodistas, empresarios de medios e incluso a caricaturistas. Es verdad, ya estuvo abierto el camino hacia la democracia iliberal. Pero, quienes hacen ostentación de su memoria deberían recordar que una de las causas del rechazo hacia quien ejecutaba esos actos provenía de esa forma de autoritarismo. Y ese rechazo perdura hasta ahora.
La salida de Roberto Aguilar no es un problema individual. Por la salud de la democracia cabría esperar que la ciudadanía lo vea con la responsabilidad que le corresponde y no solo como el silencio obligado de uno de los periodistas más agudos y valientes de nuestro medio.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/opinion/simon-pachano/democracia-iliberal-sociedad-131231/
La salida de Roberto Aguilar del diario Expreso es un tema que atañe no solo al periodista y a los directivos de ese medio. Es un hecho político y como tal constituye un asunto de interés -y en este caso debería ser de honda preocupación- para la sociedad. Es político porque, como lo ha dicho él en varias entrevistas, la causa no fue un problema laboral, sino la presión económica que venía ejerciendo el gobierno sobre el diario. Es político porque si el gobierno o cualquier persona hubiera considerado que había sido calumniado habría acudido a las instancias judiciales. No, Aguilar no calumnió. En realidad, él no calumnia. Él indaga, analiza, opina, como debe hacer quien asume la responsabilidad de vivir en sociedad.
Precisamente lo que se ha violado con la presión sobre ese medio es esa capacidad que tenemos las personas, no solo el periodista, para asumir y ejercer esa responsabilidad social. Este es uno de los principios básicos que diferencian a la democracia contemporánea de los autoritarismos (incluso de los que se visten con disfraces democráticos, como los que hemos conocido por estos lados). La libertad de pensamiento y la posibilidad de expresarlo como una opinión es el pilar que sostiene toda la estructura de estos regímenes. Es, junto al derecho a la vida, el elemento central del Estado de derecho. Por consiguiente, cuando se viola este principio se erosiona la convivencia ciudadana.
Usualmente se tiende a calificar a la democracia por la vigencia de las elecciones y, en el mejor de los casos, por la presencia de mandatarios que provienen de la voluntad popular. Pero, esas mismas elecciones y las acciones de esos mandatarios pierden su carácter democrático cuando se violan principios como la libertad de pensamiento y de expresión. Más grave es la situación cuando los gobiernos restringen la opinión y al mismo tiempo manipulan los procesos electorales. Basta mirar a los Maduro, los Bukele, los Ortega, para comprender la magnitud del problema.
Desde comienzos del presente siglo múltiples voces, desde diversos países, vienen advirtiendo sobre la deriva autoritaria que se origina en la erosión del Estado de derecho. Señalan que de esa manera se van configurando democracias iliberales, un vocablo en el que la partícula /i/ señala el carácter negativo del adjetivo (de la misma manera que en ilógico, ilegal, ilícito). La democracia va perdiendo su componente liberal, que es el gran avance de los últimos cien años y el que, a la vez que garantiza la plena vigencia de las libertades y los derechos, establece límites claros para el poder.
Una intervención destinada a silenciar una voz crítica apunta precisamente en esa dirección. El problema se presenta con mayor gravedad si se considera que no ha sido el único paso en ese sentido. Bajo diversas formas —sobre todo por medio de compras sospechosas— se intervino en algunos medios con el claro objetivo de silenciar las disonancias.
Se dirá, con mucha razón que esto comenzó mucho antes, cuando no solo se rompía periódicos en las sabatinas, sino que se perseguía a periodistas, empresarios de medios e incluso a caricaturistas. Es verdad, ya estuvo abierto el camino hacia la democracia iliberal. Pero, quienes hacen ostentación de su memoria deberían recordar que una de las causas del rechazo hacia quien ejecutaba esos actos provenía de esa forma de autoritarismo. Y ese rechazo perdura hasta ahora.
La salida de Roberto Aguilar no es un problema individual. Por la salud de la democracia cabría esperar que la ciudadanía lo vea con la responsabilidad que le corresponde y no solo como el silencio obligado de uno de los periodistas más agudos y valientes de nuestro medio.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/opinion/simon-pachano/democracia-iliberal-sociedad-131231/
El viernes de la semana anterior
Candidatos y cifras: ¿dónde está el problema?
Dichas de una sola vez, 5.749 autoridades y 235 organizaciones políticas son cifras abrumadoras para los votantes que irán a las urnas en noviembre. Pero, aunque esos son los números totales, los que tendrá al frente cada persona en el momento de votar serán muy diferentes y bastante menores. En realidad, el problema está en otro lado y en otras cifras, pero antes veamos algo sobre esas dos (con la advertencia previa de que el lenguaje inclusivo ha sido dejado de lado para evitar confusiones).
El enorme número de autoridades se reduce a cuatro papeletas en las áreas urbanas y cinco en las rurales. Los votantes de las primeras deberán marcar una sola papeleta para prefecto y viceprefecto, otra para alcalde, una tercera para las concejalías y una cuarta para ese bodrio que es el CPCCS (en la que es recomendable votar nulo y no hacerse problema buscando candidatos). Los habitantes de las parroquias rurales deberán marcar una papeleta adicional para los integrantes de la respectiva Junta. En general, no se presentarán más complicaciones que las que han debido enfrentar en elecciones anteriores.
Un problema para el elector podría presentarse por el número de organizaciones participantes en la elección de cada cargo. Pero, también en esto hay que hacer un par de observaciones. Primero, aunque están registradas legalmente 235 membretes o siglas, ningún elector deberá escoger entre un número ni siquiera aproximado a esa cantidad. Las candidaturas podían provenir potencialmente de las 17 reconocidas a nivel nacional, a las que podían sumarse las conformadas en cada provincia y en cada cantón. Si hubiera sido así, en algunas provincias habrían llegado a alrededor de veinte candidaturas.
Pero, ya se ve que eso no será así. Según las cifras provisionales del proceso de inscripción (que seguramente se reducirán), los números son bastante más pequeños. El total de candidatos para todas las dignidades es de 53.534, lo que arroja un promedio de 9 candidaturas por cada dignidad. El promedio para prefectos es de menos de 7, para alcaldes se reduce a 6, mientras para las listas de concejales se eleva a 10.
Estas cifras no solo reducen la complejidad del proceso de selección que deberá hacer cada elector, sino que desvela también la realidad de las supuestas organizaciones políticas. Queda en evidencia la ya señalada condición de simples membretes sin capacidad para presentar candidatos o para formar parte de alguna alianza. Esta realidad debería ser suficiente para revisar totalmente las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para la calificación de las organizaciones políticas.
El verdadero problema para los votantes está en otros tres aspectos. Uno es el de los candidatos anónimos, que se deriva en gran medida de la inexistencia de verdaderos partidos que formen cuadros políticos. Si en las elecciones nacionales se presentan unas personas sin experiencia, sin trayectoria, pero con mucha osadía y abundante demagogia, no se puede esperar menos en estas contiendas que se consideran más al alcance de la mano.
El segundo aspecto es la mezcolanza de siglas y números con que se van a encontrar los votantes. Una misma organización aparece bajo un paraguas en la elección provincial y bajo otro paraguas en la cantonal, a pesar de que ambas se celebran el mismo día y en el mismo lugar.
El tercero es el de las alianzas contra natura que se han establecido. Si es cierto que es necesaria la conformación de coaliciones integradoras, estas deben respetar los límites éticos establecidos para todas las asociaciones de personas, mucho más a las de carácter político. La violación de esos principios ya está pasando factura a algunas agrupaciones con los casos emblemáticos de Pachakutik y el Partido Socialista.
Los mal pensados sostienen que estos problemas son intencionales para que buena parte de los votantes se inclinen por una sigla conocida. Pero, más allá de la malicia, un efecto de eso podría ser precisamente el contrario y que la polarización, tal como se ha venido expresando, tome otra dirección y resulte perjudicado el impulsor de la movida. En síntesis, la reducción del número de oferentes no constituye necesariamente un buen escudo para protegerse del voto en contra.
Dichas de una sola vez, 5.749 autoridades y 235 organizaciones políticas son cifras abrumadoras para los votantes que irán a las urnas en noviembre. Pero, aunque esos son los números totales, los que tendrá al frente cada persona en el momento de votar serán muy diferentes y bastante menores. En realidad, el problema está en otro lado y en otras cifras, pero antes veamos algo sobre esas dos (con la advertencia previa de que el lenguaje inclusivo ha sido dejado de lado para evitar confusiones).
El enorme número de autoridades se reduce a cuatro papeletas en las áreas urbanas y cinco en las rurales. Los votantes de las primeras deberán marcar una sola papeleta para prefecto y viceprefecto, otra para alcalde, una tercera para las concejalías y una cuarta para ese bodrio que es el CPCCS (en la que es recomendable votar nulo y no hacerse problema buscando candidatos). Los habitantes de las parroquias rurales deberán marcar una papeleta adicional para los integrantes de la respectiva Junta. En general, no se presentarán más complicaciones que las que han debido enfrentar en elecciones anteriores.
Un problema para el elector podría presentarse por el número de organizaciones participantes en la elección de cada cargo. Pero, también en esto hay que hacer un par de observaciones. Primero, aunque están registradas legalmente 235 membretes o siglas, ningún elector deberá escoger entre un número ni siquiera aproximado a esa cantidad. Las candidaturas podían provenir potencialmente de las 17 reconocidas a nivel nacional, a las que podían sumarse las conformadas en cada provincia y en cada cantón. Si hubiera sido así, en algunas provincias habrían llegado a alrededor de veinte candidaturas.
Pero, ya se ve que eso no será así. Según las cifras provisionales del proceso de inscripción (que seguramente se reducirán), los números son bastante más pequeños. El total de candidatos para todas las dignidades es de 53.534, lo que arroja un promedio de 9 candidaturas por cada dignidad. El promedio para prefectos es de menos de 7, para alcaldes se reduce a 6, mientras para las listas de concejales se eleva a 10.
Estas cifras no solo reducen la complejidad del proceso de selección que deberá hacer cada elector, sino que desvela también la realidad de las supuestas organizaciones políticas. Queda en evidencia la ya señalada condición de simples membretes sin capacidad para presentar candidatos o para formar parte de alguna alianza. Esta realidad debería ser suficiente para revisar totalmente las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para la calificación de las organizaciones políticas.
El verdadero problema para los votantes está en otros tres aspectos. Uno es el de los candidatos anónimos, que se deriva en gran medida de la inexistencia de verdaderos partidos que formen cuadros políticos. Si en las elecciones nacionales se presentan unas personas sin experiencia, sin trayectoria, pero con mucha osadía y abundante demagogia, no se puede esperar menos en estas contiendas que se consideran más al alcance de la mano.
El segundo aspecto es la mezcolanza de siglas y números con que se van a encontrar los votantes. Una misma organización aparece bajo un paraguas en la elección provincial y bajo otro paraguas en la cantonal, a pesar de que ambas se celebran el mismo día y en el mismo lugar.
El tercero es el de las alianzas contra natura que se han establecido. Si es cierto que es necesaria la conformación de coaliciones integradoras, estas deben respetar los límites éticos establecidos para todas las asociaciones de personas, mucho más a las de carácter político. La violación de esos principios ya está pasando factura a algunas agrupaciones con los casos emblemáticos de Pachakutik y el Partido Socialista.
Los mal pensados sostienen que estos problemas son intencionales para que buena parte de los votantes se inclinen por una sigla conocida. Pero, más allá de la malicia, un efecto de eso podría ser precisamente el contrario y que la polarización, tal como se ha venido expresando, tome otra dirección y resulte perjudicado el impulsor de la movida. En síntesis, la reducción del número de oferentes no constituye necesariamente un buen escudo para protegerse del voto en contra.
